Gobierno de EE. UU. pagará a empleados federales que renuncien antes del 6 de febrero

La Oficina de Administración de Personal (OPM, por sus siglas en inglés) anunció este martes un programa de compensación económica para los empleados federales que decidan renunciar antes del 6 de febrero, tras la eliminación de las políticas de teletrabajo implementadas durante la pandemia del COVID-19. La medida busca reducir el tamaño del gobierno y promover una fuerza laboral "más ágil y flexible".

Un incentivo para renunciar con sueldo hasta septiembre

En un correo electrónico enviado a los empleados federales, la OPM ofreció la posibilidad de dimitir con una compensación que les permitirá seguir recibiendo su salario hasta el 30 de septiembre. Sin embargo, el documento advierte que, en caso de reestructuraciones o eliminaciones de puestos, los empleados afectados serán tratados "con dignidad" y recibirán las protecciones establecidas por la ley.

Este anuncio llega en un contexto de incertidumbre para muchos trabajadores gubernamentales, luego de que la OPM implementara un nuevo sistema de distribución que, días antes, envió correos de prueba, lo que generó dudas sobre posibles despidos.

Reestructuración masiva y posibles despidos

Un portavoz del gobierno, citado por Bloomberg, explicó que aunque algunas agencias podrían aumentar su personal, la mayoría experimentará reducciones a través de reestructuraciones y despidos. Los empleados que opten por la renuncia voluntaria serán reasignados o eliminados rápidamente de sus funciones y colocados en licencia administrativa hasta finales de septiembre.

Desde el inicio de su mandato, el presidente Donald Trump ha impulsado medidas para reducir la plantilla gubernamental. Una de sus primeras órdenes ejecutivas revocó el teletrabajo masivo permitido bajo la administración de Joe Biden, exigiendo que los empleados trabajen al menos cuatro días a la semana en la oficina, salvo excepciones médicas o justificadas.

Un ahorro de 100 mil millones de dólares, pero con impactos en los servicios públicos

Según estimaciones oficiales, entre un 5 % y un 10 % de los empleados federales podrían aceptar la oferta de renuncia, lo que generaría un ahorro cercano a los 100.000 millones de dólares para el gobierno. No obstante, la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE) advirtió sobre el impacto que estas salidas masivas podrían tener en la prestación de servicios públicos.

Everett Kelley, presidente de AFGE, subrayó que "el número de empleados federales no ha cambiado significativamente desde 1970, pero ahora más estadounidenses dependen de los servicios gubernamentales". Alertó que "una reducción drástica de personal podría causar caos en la operatividad del gobierno".

Además de la eliminación del teletrabajo y los incentivos para la renuncia, la administración Trump ha congelado la contratación de nuevos empleados federales y ha desmontado iniciativas de diversidad, equidad e inclusión implementadas en la administración anterior. Con estos cambios, el gobierno apunta a una reconfiguración profunda del aparato estatal, marcando el inicio de una nueva era en la gestión del empleo público en Estados Unidos.

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