Guatemala: Exigen la renuncia de la fiscal general por interferencia a elecciones

Cientos de guatemaltecos se manifestaron este lunes 4 de septiembre en diversas sedes nacionales del Ministerio Público (Fiscalía) para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, a quien señalan de interferir y judicializar el proceso electoral celebrado en el país centroamericano.

Líderes comunitarios e indígenas encabezaron las movilizaciones en al menos 10 sedes de la Fiscalía ubicadas en todas las regiones del país.

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"Exigimos la renuncia de Porras por el bien de nuestra democracia", declaró Luis Pacheco, presidente de la organización indígena conocida como los 48 cantones de Totonicapán, durante una de las movilizaciones registradas en el oeste de Guatemala.

Las protestas se registraron en los departamentos (provincias) de Totonicapán, Chimaltenango, Sololá y Quiché, ubicados en el noroeste del país, así como en Santa Rosa, Jalapa, Jutiapa, en el este y Petén en el norte.

Además, al mediodía decenas de ciudadanos iniciaron un plantón en la sede central de la Fiscalía, ubicada en la capital guatemalteca.

"Exigimos su renuncia porque usted solo se ha dedicado a judicializar la política", fue una de las consignas de una ciudadana dirigida a Porras por un altoparlante en la sede central de la entidad.

Las manifestaciones se registran tres días después de que el presidente electo, Bernardo Arévalo de León, llamara a la población a "defender la democracia" por la existencia de un “golpe de Estado en curso”, para evitar que asuma la presidencia el próximo 14 de enero.

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Arévalo de León denunció que Porras, la cúpula de la Fiscalía y el juez penal Fredy Orellana, son los promotores de este ataque, que se intensificó cuando ganó el balotaje el pasado 20 de agosto.

Desde el 12 de julio, la Fiscalía ha intentado cancelar al Movimiento Semilla, partido del presidente electo, así como allanamientos al tribunal electoral y a dicha organización política.

Porras y otros dos fiscales del Ministerio Público han sido sancionados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, acusados de corrupción y de socavar la justicia en el país centroamericano.

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