Hay silencio y olvido del paso de ETA por América
Después del anuncio del abandono de las armas, la banda terrorista vasca ha desaparecido Sus activistas o líderes se refugiaron en diferentes países
Las huellas en América de la banda terrorista vasca ETA, diez años después del anuncio del abandono de las armas, prácticamente han desaparecido y solo permanece el silencio ante lo que fue un refugio o retaguardia militar de activistas huidos que, en algunos casos, se establecieron en México, Cuba, Canadá, Uruguay y Venezuela.
Si en 2018, cuando la banda anunció su disolución, el entramado terrorista vasco en el continente, principalmente en América Latina, estaba ausente o mantenía un perfil muy bajo, ya en 2021, según diversas fuentes consultadas, está desaparecido sin nostalgia y con ganas de pasar página.
Según Florencio Domínguez, director del Centro español para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, históricamente, durante el siglo pasado, ETA tuvo buenas relaciones con los grupos armados latinoamericanos, como las guerrillas salvadoreñas, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) chileno, los Tupamaros uruguayos y las FARC colombianas.
Estos lazos se esfumaron a medida que los grupos terroristas locales desaparecieron y ETA, acosada por la lucha global contra el terror que despertó tras los atentados del 11 de septiembre de 2011 se vio obligada a abandonar la violencia.
Eso no significa que antiguos miembros de la banda estén en territorio americano lejos del control español. Antes del cese de la actividad armada, los servicios antiterroristas españoles tenían a más de cien miembros de ETA identificados en Latinoamérica.
Y, recientemente, el catedrático español José María Azcona evaluó en cerca de 450 el número de personas relacionadas con la banda que están actualmente en América Latina. Eso sí, muchos de ellos son considerados, según la jerga judicial, como ‘legales’ al no estar fichados por la policía española.
La presencia de ETA en Venezuela se remonta a la creación de la propia banda. En 1959 se constituyó en este país sudamericano una célula de ETA. Esta relación inicial, motivada en parte por la gran colonia vasca asentada en el país tras la Guerra Civil española, fue en cierta medida anecdótica -y en algún caso pactada con el Gobierno de Madrid - hasta la llegada del presidente Hugo Chávez al poder en 1999.
Con el chavismo, la lista de desencuentros con España es larga y va desde el caso de Arturo Cubillas, acusado de formar parte del Comando Oker, y alto cargo de la administración venezolana, hasta la petición de extradición -sin éxito- de Iñaki de Juana Chaos, acusado de 25 asesinatos, que, según denunciaron medios, regenta una licorería en Chichiriviche, en el Caribe venezolano.
En esta línea, el Colectivo español de Víctimas del Terrorismo (Covite) denunció hace cinco años que al menos hay en Venezuela 46 miembros de ETA sin juzgar y sin responder por delitos cometidos durante su actividad terrorista. Presos venezolanos liberados como el comisario Iván Simonovis han corroborado la complacencia del régimen.
Si bien México durante años también fue un refugio seguro para activistas vascos, todo cambió a principios de siglo y la colaboración entre ambos países es un ejemplo en materia antiterrorista. Tanto es así que el Ministerio del Interior español reconoció al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de México en 2017 por colaborar en la entrega de 40 etarras a España.
En los últimos años, el gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ha provocado alguna controversia por el hecho de que políticos de este partido se hayan fotografiado y, supuestamente, hayan recibido asesoría de simpatizantes de ETA como Israel Arconada, que ahora se identifica como Katu Arkonada, o del dirigente abertzale Arnaldo Otegi. Tras su arresto, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) indicó a la prensa mexicana en 2018 que era ‘difícil saber’ si algún etarra seguía en México, tras haber identificado originalmente a 35.
En mayo de 1984 Cuba acogió a más de una docena de miembros de ETA llegados por diferentes vías, en virtud de acuerdos de deportación de terroristas capturados en Francia entre el Gobierno de Felipe González y el ejecutivo de París.
