Los hijos incómodos de los presidentes de la región
Hunter Biden, en Estados Unidos, y Nicolás Petro, en Colombia, cargan con problemas judiciales
Parece que nuestras sociedades occidentales han desarrollado una gran tolerancia frente a las prácticas de corrupción, al punto que esta ha llegado a teorizarse por medio de lo que hoy conocemos como “liderazgo corrupto pero efectivo”.
Tal como describe Diego Sime-Rendon en su publicación para la Universidad San Martín de Porres de Perú, es el pragmatismo lo que nos ha llevado a tener administraciones públicas en las que es aceptable que los políticos o sus círculos de influencia roben, bajo la justificación de que por lo menos hacen obras.
Días atrás arrestaron a Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y también diputado por el Departamento del Atlántico. Se enfrenta a cargos de lavado de capital y enriquecimiento ilícito; la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía podría terminar vinculando el financiamiento de la campaña presidencial de Gustavo Petro con el narcotráfico.
De esta forma este escándalo se ha convertido en una auténtica bomba de relojería para el gobierno colombiano.
No solo la presidencia de Colombia estaría en entredicho por perder su legitimidad ante buena parte de la opinión pública, sino que todo el círculo de poder que rodea al presidente Petro quedaría en entredicho.
Volcando la mirada hacia el hemisferio norte encontramos que el hijo del presidente de Estados Unidos, Hunter Biden, también se encuentra bajo investigación federal por supuestos hechos de evasión fiscal y asociación ilícita.
Los republicanos han criticado duramente el trato preferencial que aseguran que ha recibido el hijo del presidente Joe Biden.
También reclaman una investigación en profundidad del escándalo que aseguran salpica al mismísimo presidente americano por sus negocios en China.
En la era del relativismo moral tampoco ha sobrevivido la ética de los servidores públicos, particularmente la de los políticos que prefieren aferrarse al poder aunque sea a costa de su dignidad y honor.
Vale la pena recordar el escándalo de Watergate, en el que los republicanos ingresaron a las oficinas del partido demócrata y realizaron grabaciones ilegales de las conversaciones que mantenían sus adversarios.
Tal abuso de poder le terminó costando la presidencia a Richard Nixon, convirtiéndolo en el primer y único presidente de Estados Unidos en renunciar.
Otro ejemplo que trascendió en las noticias fue la renuncia de Boris Jhonson, exprimer ministro de Reino Unido por la celebración de una fiesta, violando las restricciones sanitarias impuestas por su propio gobierno en la lucha contra la pandemia de COVID-19.
En este caso, el escarnio mediático y las tramas de su partido lo terminaron poniendo entre la espada y la pared.
¿Hay una doble vara para medir los escándalos de los políticos? Es importante analizar si los ciudadanos se han vuelto más tolerantes con estos o si simplemente se han convencido de que son un componente intrínseco del sistema político.
