Italia: Jueces piden protección de su independencia ante la "presión" del Gobierno

Miembros del Consejo Superior de Magistratura de Italia (CSM) han solicitado urgentemente que se proteja "la independencia y autonomía" de los jueces del Tribunal de Bolonia (norte) ante "la presión" del Gobierno y en medio de la disputa de parte de la judicatura con el Ejecutivo italiano por su polémico plan de traslado de migrantes a Albania.

La petición de varios jueces y juristas del órgano de gobierno del poder judicial a la presidencia del organismo llega después de que la Corte de Bolonia remitiera una consulta a la Justicia europea para aclarar qué jurisdicción prevalece tras la aprobación del decreto-ley del Ejecutivo italiano sobre 'países seguros' de origen de migrantes.

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Estos miembros del CSM consideran que el Tribunal de Bolonia ha sido "objeto de declaraciones muy polémicas por parte de altísimos cargos institucionales", ante lo que hay "una presión inaceptable sobre los jueces", según los medios locales.

Alegan también que supone "un condicionamiento objetivo para quienes en el futuro tendrán que abordar estas cuestiones", ante lo que hay riesgo de que se socave la independencia judicial, por lo que debe haber medidas para evitar la deslegitimación de los jueces.

¿Cuál es el objetivo del decreto-ley emitido por el Gobierno de Giorgia Meloni?

Con su decreto-ley, el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni busca blindar el envío de migrantes a Albania y sortear así a la Justicia, después de que el Tribunal de Roma invalidara la retención del primer grupo de personas trasladado a los centros construidos por Italia en el país balcánico.

Esta corte argumentó que los países de origen de los migrantes -en aquel caso Bangladés y Egipto- no eran seguros y que una sentencia previa sobre el asunto del Tribunal de Justicia Europea (TJUE) marcaba un precedente jurídico que debía ser acatado.

La decisión del Tribunal de Roma fue muy criticada por la coalición de Gobierno, que dijo que la Justicia invadía la competencia del poder ejecutivo sobre la designación de países seguros de migrantes, ante lo que aprobó un decreto en el que afirma como norma primaria su capacidad sobre ello.

Con esto, pretende que la Justicia italiana actúe ante la cuestión migratoria acatando la lista de países seguros del propio Ejecutivo.

Todo ello ha creado confusión en la Judicatura, y dudas entre los juristas sobre si se debe seguir la ley italiana o el precedente jurídico que marcó el primer fallo judicial del TJUE, y es a raíz de esto que el Tribunal de Bolonia remitió esta consulta a Europa.

La semana pasada, Meloni aseguró que lo argumentado por la corte de Bolonia en su petición era un "panfleto propagandístico", en un contexto de ataques de miembros de su Ejecutivo a parte del poder judicial que han puesto en alerta a jueces, oposición y sectores críticos.

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De hecho, una de las jueces de la corte de Roma que se pronunció en contra de mantener a migrantes en Albania ha recibido amenazas de muerte por ello y está bajo protección policial.

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