Los jueces vuelven indefinido un paro que lleva 29 días en México

El amanecer de un conflicto sin fin. El pasado martes 17 de septiembre de 2024, jueces y trabajadores del Poder Judicial mexicano decidieron, en unidad y con un propósito claro, prolongar por tiempo indefinido el paro nacional que desde agosto sacude los fundamentos de la justicia en el país. La chispa que puso en ascenso esta lucha fue la promulgación, el pasado domingo, de una reforma audaz promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca algo sin precedentes: la elección por voto popular de los jueces y magistrados, incluso de los miembros de la Suprema.

Los magistrados, resueltos a defender la independencia de su poder, se alzaron con una votación unánime dentro de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed).

Decidieron continuar esta huelga, iniciada el 21 de agosto, con la firme convicción de que la defensa de su autonomía es más urgente que nunca. “La prórroga se mantendrá al menos hasta que el Consejo de la Judicatura Federal instale una mesa de trabajo con el Comité de Diálogo con miras a definir las estrategias necesarias para proteger los derechos laborales que asisten a las personas que trabajamos en el seno de tribunales y juzgados”, estableció el pronunciamiento.

Los jueces han decidido atender únicamente los casos urgentes y para la Suprema Corte.

Los trabajadores judiciales anunciaron que acudirán a instancias internacionales para revertir la reforma, que a partir de 2025 instaurará comicios populares para elegir a jueces, magistrados, el Tribunal Electoral y la Suprema Corte, además de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial para castigar a juzgadores.

IMPACTO EN MAS DE 54.000 EMPLEADOS

La huelga ha causado una parálisis casi total en más de 1.400 juzgados y tribunales federales, deteniendo la resolución de miles de casos en todo el país. Entre los tribunales y oficinas administrativas afectadas, más de 932 órganos jurisdiccionales han cerrado sus puertas, agravando una montaña de expedientes que, con cada día de inactividad, crece incesantemente. Procesos civiles, penales y laborales, que ahora languidecen en la incertidumbre.

La medida ha impactado en más de 54.000 empleados y tiene repercusiones no solo sobre los casos que quedan pendientes o no se resuelven, sino que afecta a la economía del país, por la demora en los casos de indemnizaciones y pagos (conflictos laborales), e impacto en negociaciones colectivas. Paralelamente, genera incertidumbre para los inversionistas.

(Los invitamos también a leer: López Obrador publica decreto de reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial)

Los trabajadores judiciales anunciaron que acudirán a instancias internacionales para revertir la reforma, que a partir de 2025 instaurará comicios populares para elegir a jueces, magistrados, el Tribunal Electoral y la Suprema Corte, además de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial para castigar a juzgadores. Pero López Obrador indicó este martes que “no hay fundamento legal” para frenar la iniciativa, aunque algunos juzgados concedieron amparos para evitar su implementación.

LIMPIAR EL PODER JUDICIAL

“En un auténtico Estado de derecho no hay influyentismo, no hay corrupción, no hay amiguismo, no hay nepotismo, eso es lo que hay que buscar, limpiar al Poder Judicial”, defendió el mandatario en su conferencia matutina.

Por su parte, la presidente electa, Claudia Sheinbaum, anunció este martes que la renovación del Poder Judicial en ese país comenzará en octubre, una vez que ella asuma como mandataria. También negó las versiones que circulan entre columnistas de la prensa nacional y la oposición, que señalan que Sheinbaum en privado no está de acuerdo con la iniciativa que promulgó el domingo el presidente, Andrés Manuel López Obrador, por la incertidumbre jurídica y económica que conlleva.

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