La Justicia de Buenos Aires prohíbe intervenir en protesta de jubilados
El fallo viene tras excesos policiales que dejaron docenas de heridos. Sindicatos convocan marchas y huelga general
La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ordenó el 7 de abril de 2025 al Ministerio de Seguridad Nacional, conducido por Patricia Bullrich, que se abstenga de intervenir en el operativo de seguridad de la protesta de jubilados de este miércoles, que será acompañada por sindicatos, e instruyó a la Policía del distrito que esté al frente de la organización.
El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, juez Roberto Andrés Gallardo, hizo lugar este domingo a una medida cautelar y dispuso que el Gobierno de la Ciudad coordine el operativo de seguridad durante la marcha de este miércoles, que se prevé será masiva tras la convocatoria de varios sindicatos a acompañar la protesta en la previa a la huelga general de trabajadores que inicia el jueves.
El magistrado ordenó que el Ministerio de Seguridad Nacional no intervenga en la protesta “más allá de los límites de protección de intereses federales”.
En el fallo, al que tuvo acceso EFE, el juez hace referencia a las movilizaciones previas en las que hubo varios heridos, entre ellos el fotoperiodista Pablo Grillo, que continúa internado tras recibir un disparo de gas lacrimógeno en la cabeza el pasado 12 de marzo.
Durante aquella protesta, en la que las fuerzas de seguridad cargaron contra los manifestantes que se concentraron para pedir mejores condiciones para los jubilados del país suramericano, el fotógrafo recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno en su frente, que le provocó pérdida de masa encefálica.
Una previa a la huelga general
En el operativo policial, a cargo de Patricia Bullrich, las fuerzas de seguridad utilizaron escuadrones de infantería equipados con gas pimienta, escopetas con balas de goma y lanzagranadas, que dejaron un saldo final de 46 heridos y 124 detenidos.
"En los últimos meses, varias manifestaciones en las inmediaciones del Congreso de la Nación han resultado en intervenciones de las fuerzas federales de seguridad, derivando en situaciones de violencia, conflictos y caos. Es igualmente preocupante la actitud avasalladora y excesiva que muestra el Estado nacional, quien sin tapujo alguno avanza sobre la autonomía de la CABA so pretexto de aplicar protocolos que ‘proponen’ asegurar la convivencia de la ciudadanía porteña en el contexto de una manifestación", consideró en su resolución de este domingo el juez Gallardo.
La decisión del magistrado respondió a una solicitud presentada por la central obrera más grande del país, la Confederación General del Trabajo (CGT), y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), que pidieron la intervención de la Justicia de Buenos Aires para que se “delimite en forma previa y concreta los denominados ‘objetivos federales’ cuya custodia estará a cargo de las fuerzas federales, restringiendo su jurisdicción al cuidado de los mismos y no al ejido urbano circundante”.
Además, señalaron que el Gobierno porteño no adhirió al protocolo nacional de seguridad, y que cuenta con su propia fuerza, la Policía de la Ciudad, capacitada para actuar en estas situaciones.
La CGT anunció que, más allá de su acompañamiento a los jubilados en la protesta del miércoles, el jueves de 10 de abril realizará una huelga general en protesta contra las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei.
Se trata del tercer paro general que la central obrera convoca desde que Milei llegó a la Presidencia a finales de 2023.
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