La Justicia cierra la puerta a que Escocia organice un referéndum no pactado

El Parlamento autónomo escocés no tiene competencias para convocar un referéndum consultivo de independencia sin el consentimiento previo del Gobierno de Londres, al ser una cuestión "reservada al Parlamento británico", según dictaminó este miércoles 23 de noviembre de 20222 el Tribunal Supremo.

Entre una gran expectación mediática, el presidente de la máxima instancia judicial británica, el magistrado Robert Reed, reveló hoy el veredicto "unánime" alcanzado por los cinco jueces que en octubre escucharon los argumentos de Edimburgo y Londres.

El caso fue trasladado a la Justicia después de que Sturgeon indicara sus planes para celebrar un plebiscito consultivo de independencia en la región el 19 de octubre de 2023, tras el convocado en 2014, que aprobó continuar en el Reino Unido.

La abogada del Ejecutivo de Edimburgo, Dorothy Bain, había pedido a la máxima instancia judicial británica que determinara esa "cuestión constitucional" -si el Parlamento escocés de Holyrood podría aprobar la legislación requerida- antes de que la ministra principal, la independentista Nicola Sturgeon, enviara para su tramitación el proyecto de ley del referéndum.

Por su parte, el Gobierno de Londres, opuesto a un segundo plebiscito, ha mantenido que es "obvio" que ese proyecto de Ley guarda relación con una cuestión "reservada" a Westminster.

En una breve audiencia, Lord Reed aclaró hoy que "a esta corte no se le ha pedido, y no se le puede pedir, que exprese una opinión sobre la cuestión política de si Escocia debería convertirse en un país independiente".

Sin embargo, precisó que a lo largo de sus deliberaciones, los jueces han concluido que tienen potestad para pronunciarse sobre este asunto al haberse aceptado el argumento de que "redunda en el interés público".

Según explicó Reed, el efecto de un referéndum consultivo, aunque no tuviese como resultado directo la independencia de la región, "no está restringido a sus consecuencias legales, sino que puede incluir sus consecuencias prácticas".

"Esta corte concluye de manera unánime que el propuesto proyecto de ley está relacionado con los asuntos reservados" con lo que, según esto, el Parlamento escocés "no tiene potestad para legislar sobre un referéndum de independencia de Escocia".

El Supremo entiende que la consulta que el Gobierno nacionalista quiere celebrar el próximo año "tendría consecuencias políticas importantes", y, por lo tanto, "reforzaría o debilitaría la fortaleza democrática de la Unión y apoyaría o socavaría las credenciales democráticas" de la causa independentista.

"Está, por ello, claro que el propuesto proyecto de ley tiene más que una conexión circunstancial o vaga con los asuntos reservados de la Unión de Escocia e Inglaterra, y con la soberanía del Parlamento del Reino Unido", indicó.

Nada más conocerse el veredicto, Douglas Chapman, diputado del Partido Nacional Escocés (SNP) de Sturgeon, dijo a EFE a la salida del Supremo que el fallo de los jueces "no ha sido una sorpresa" y recordó que "los escoceses han votado una y otra vez en favor de la independencia".

El parlamentario subrayó que el caso planteado por Escocia es "un argumento democrático", al tiempo que observó que ahora "no estamos en el punto en el que estamos decidiendo si hay o no independencia, sino que estamos decidiendo si deberíamos tener el derecho a decidir nuestro futuro".

Por su parte, Nicola Sturgeon encajó el varapalo asegurando que "respeta" la decisión de la corte británica aunque avisó de que proseguirá con su batalla por celebrar la consulta.

"Aunque estoy decepcionada, respeto el dictamen del Tribunal Supremo: no hace la ley, sólo la interpreta. Una ley que no permite a Escocia elegir su futuro sin el consentimiento de Westminster muestra que cualquier noción de que el Reino Unido es una asociación voluntaria es solo un mito y esto es un argumento a favor de la independencia", lamentó Sturgeon en su cuenta de Twitter.

Posteriormente anunció en una comparecencia su intención de convertir las próximas elecciones generales británicas -previstas para finales de 2024 o inicios de 2025- en un "referéndum de facto".

Por su parte, el primer ministro británico, Rishi Sunak, también dijo en los Comunes (cámara baja del Parlamento de Westminster) que su Gobierno "respeta" el "claro y definitivo dictamen" al tiempo que abogó por trabajar de manera conjunta con Sturgeon sobre temas en común que preocupan, como la economía, el respaldo al sistema sanitario (NHS) o la situación en Ucrania.