La Justicia de Perú sentencia a 27 manifestantes por 'actos vandálicos'
Este país vive una grave crisis politica desde hace muchos años y por ahora las protestas contra la presidenta Dina Boluarte no cesan. Piden su salida
La Justicia de Perú dictó sentencia contra 27 manifestantes por 'actos vandálicos' en la costera región de Ica durante las protestas antigubernamentales, mientras que otras 22 personas de distintos departamentos se encuentran bajo prisión preventiva por "actos violentos", informaron este lunes 6 de febrero de 2023 fuentes oficiales.
"Estas personas fueron plenamente identificadas como autoras de la toma de carreteras en esta región sureña. Por ello, recibieron sentencias condenatorias por encima de los tres años de pena, y están obligados a pagar reparaciones civiles por un monto superior a los 50.000 soles (unos 12.990 dólares)", señaló en un comunicado el Ministerio del Interior (Mininter).
Los imputados reconocieron los delitos ante la acusación y se acogieron a la terminación anticipada, por lo que no se produjo "la prisión efectiva de los sentenciados", según el Mininter, debido a la colaboración con las autoridades.
Además, a otros 22 manifestantes de diversas regiones del país les fue dictada prisión preventiva de uno a 18 meses por actos violentos en diferentes regiones del país.
Las investigaciones que continúan en curso contra estos sospechosos tienen lugar en los sureños departamentos de Ica, Puno, Arequipa y Cuzco, además de en la céntrica y amazónica región de Uyacali, fronteriza con Brasil.
La Procuraduría Pública Especializada en Delitos Contra el Orden Público, perteneciente al Mininter, fue el órgano público que ha elaborado las investigaciones y acusaciones frente a estos 49 sujetos.
"La citada procuraduría reafirma su compromiso de perseguir el delito y que los actos violentos contra la policía, la ciudadanía y las instituciones públicas y privadas no queden impunes y se sancionen en el marco del debido proceso", apuntó el Mininter.
Las protestas desatadas el 11 de diciembre, cuatro días después del fallido intento de autogolpe de estado del exmandatario Pedro Castillo, exigen la destitución de la presidenta, Dina Boluarte, el adelanto electoral, el cierre del Congreso y la convocatoria de una asamblea constituyente.
Desde entonces, 69 personas han fallecido en actos relacionados con las protestas; 48 muertos en enfrentamientos entre manifestantes y Policía, uno de ellos un agente quemado vivo en la sureña ciudad de Juliaca, y otras 21 personas en actos vinculados con los cortes de carreteras, según diversas fuentes.
