Keiko Fujimori, acusada por lavado de activos, no puede salir de Perú
La líder fujimorista es investigada por los presuntos aportes ilícitos en las campañas electorales de 2011 y 2016.
La Justicia de Perú impuso este miércoles 31 de mayo de 2023 una orden de impedimento de salida del país por 36 meses a la líder de la oposición Keiko Fujimori, su exesposo y otras seis personas colaboradoras con su partido, Fuerza Popular, dentro de la investigación abierta en su contra por el delito de lavado de activos.
"El juez Víctor Zúñiga, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Nacional, ordena impedimento de salida del país por 36 meses contra Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama, Mark Vito Villanella y otros, en investigación por lavado de activos", anunció la cuenta de Twitter del Poder Judicial de Perú.
La líder fujimorista, que ya ha estado en prisión preventiva en dos ocasiones, está acusada de lavado de activos, un delito en torno al caso "Cócteles" por los presuntos aportes ilícitos en las campañas electorales de 2011 y 2016.
Además, el juez ordenó una serie de reglas de conducta a Fujimori, y a otros investigados, como la prohibición de no cambiar de domicilio fiscal sin previa autorización judicial y no comunicarse con el resto de imputados, testigos o peritos.
Unas medidas de cara al inicio de su juicio oral, que el magistrado tendrá que anunciar en los próximos días. Por último, impone una caución económica al exmarido de Fujimori, Mark Vito Villanella de 10.000 soles (2.700 dólares), entre otros.
Pero el Poder Judicial no acató el pedido de la Fiscalía para imponer vigilancia judicial al partido Fuerza Popular.
El caso "Cócteles" cuenta con 41 presuntos implicados y está relacionado con el lavado de activos alrededor de la empresa constructora Odebrecht para presuntos aportes para campañas políticas y ha sido investigado por el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público de Perú.
Fujimori se enfrenta a un pedido de 30 años de cárcel, según la hipótesis fiscal José Domingo Pérez, que la señala como la cabecilla de una organización criminal que opera al interior de su partido político.
Tras más de dos años de investigación, en marzo de 2021, la Fiscalía hizo este pedido de prisión y una acusación formulada por los presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
Esta acusación también incluye a Fuerza Popular y a la empresa MVV Bienes Raíces SAC como imputados para que, en caso de lograr una sentencia condenatoria, se pida su disolución y liquidación.
