Keiko Fujimori vuelve a eludir la prisión preventiva mientras es investigada
El caso contra Fujimori y su entorno nació con las revelaciones del caso Lava Jato en Perú y el reconocimiento por parte de Odebrecht de que aportaron dinero de forma irregular
La líder opositora peruana Keiko Fujimori sorteó este jueves un nuevo intento del Ministerio Público para que regrese a prisión preventiva mientras es investigada por presunto lavado de activos durante sus campañas electorales de 2011 y 2016, un caso por el que afronta una acusación de más de 30 años de cárcel.
La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) seguirá siendo investigada en libertad, luego de que la Corte Suprema, en una audiencia virtual celebrada esta mañana, declarara infundado un recurso fiscal que buscaba anular la apelación que le revocó la prisión preventiva en abril de 2020.
En la parte resolutiva, los jueces determinaron que "se archive" la solicitud del Ministerio Público que reclamaba que aquella apelación de la defensa de Fujimori nunca debió ser admitida por la Sala Superior Nacional por haberse presentado fuera de plazo.
La Corte Suprema, sin embargo, consideró que el recurso se presentó oralmente en el plazo de la ley y tomó en cuenta, también, el cumplimiento de las reglas de conducta y el diluido riesgo de fuga de la líder del partido fujimorista Fuerza Popular, que hoy carece de mayoría parlamentaria.
FUJIMORI CELEBRA EL FIN "DE LA MANIOBRA DE LOS FISCALES"
Tras conocerse la decisión del tribunal, Fujimori rompió su habitual silencio y celebró el fin de "la última maniobra de los fiscales" para que "vuelva a prisión por cuarta vez".
"Este es un gran paso a favor del debido proceso. La Corte Suprema ha rechazado las acciones infundadas de un fiscal que, como no tiene elementos sólidos en mi caso, insiste con pedidos que no tienen sustento", escribió en su cuenta de Twitter.
"Día a día se va confirmando que mi prisión preventiva fue injunta", agregó la acusada, quien ya pasó entre rejas más de un año entre octubre de 2018 y noviembre 2019.
En esa ocasión, salió tras una apelación, pero luego volvió por otros cinco meses en 2020. Esa segunda vez regresó a la calle a causa de la covid-19 y tras el pago de una fianza de unos 20.500 dólares.
El caso contra Fujimori y su entorno nació con las revelaciones del caso Lava Jato en Perú y el reconocimiento por parte de Odebrecht de que aportaron dinero de forma irregular tanto a Keiko Fujimori como a otros líderes políticos de Perú durante las elecciones de 2011 y 2016.
Pero la empresa brasileña no fue la única en entregar millonarias donaciones ocultadas luego por el partido Fuerza Popular, pues Credicorp, el mayor grupo financiero de Perú, dio 3,6 millones de dólares que no quedaron registrados en ningún lugar, según confesó su presidente, Dionisio Romero, uno de los hombres más ricos del país andino.
LA FISCALÍA ACUSA DE OCULTAR APORTES
Según la tesis fiscal, el partido Fuerza Popular instituyó un sistema fraudulento de contabilidad para ocultar el origen de los aportes bajo una contabilidad ficticia, donde las millonarias donaciones quedaban diluidas en múltiples aportes falsos de personas particulares.
Por este caso, la líder opositora afronta un pedido fiscal de más de 30 años de cárcel por organización criminal, lavado de dinero, falsedad y obstrucción a la Justicia, unas acusaciones que también se extienden a su marido, Mark Vito, del que esta semana anunció que se divorciaba, y a varios de sus colaboradores más cercanos, así como el propio partido.
Con Fuerza Popular, Fujimori vivió en 2021 su tercera derrota electoral consecutiva y se quedó a las puertas de convertirse en la primera mujer en alcanzar la Presidencia del país en unos polarizados comicios que definieron la victoria de Pedro Castillo por apenas 40.000 votos.
De esta manera, quien fue primera dama cuando tenía 19 años no solo volvió a ver frustradas sus ambiciones políticas, sino también de eludir temporalmente la acusación fiscal que afronta y la opción de liberar a su padre, quien cumple una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.
