López Obrador publica decreto de reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial
El presidente mexicano ha dispuesto así la publicación de la controvertida ley
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, como testigo de honor, firmó este domingo 15 de septiembre de 2024 el decreto para la publicación de la reforma judicial, para elegir a los juzgadores por voto popular, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
“Voy a firmar el decreto para la publicación de la reforma a la Constitución con el propósito de mejorar el Poder Judicial, porque necesitamos que la justicia llegue a todos, que no haya corrupción en el Poder Judicial”, expresó López Obrador en un video desde el Palacio Nacional publicado en redes sociales, tras finalizar una gira que cumplió el fin de semana junto con Sheinbaum en Chiapas y Campeche.
"Esta iniciativa de reforma al Poder Judicial la vamos a firmar, la vamos a suscribir en este día histórico -15 de septiembre, Día de la Independencia de México-, se tiene que publicar. Ya fue aprobada en la Cámara de diputados, en la Cámara de senadores y en la mayoría de las legislaturas locales (estatales), como la misma Constitución lo exige", añadió el presidente horas antes del Grito de Independencia.
Recordó que la Constitución mexicana "también establece que el titular del Ejecutivo tiene que publicar esta reforma, que es lo que estamos haciendo este día 15 de septiembre de 2024", expuso y luego firmó el decreto con Sheinbaum como testigo.
El video del mandatario se difundió a la par de la publicación digital en el DOF, que divulgó las 14 reformas, seis adiciones y tres derogaciones realizadas a 23 artículos de la Constitución, en las que se establece, entre otras disposiciones, la elección en urnas de jueces, magistrados y ministros.
LA REFORMA VA A PESAR DE LAS PROTESTAS
El pasado viernes, la reforma al Poder Judicial en México se declaró constitucional en el Congreso mexicano y solo restaba su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su entrada en vigencia.
La declaratoria de constitucionalidad se anunció primero en el Senado mexicano y luego en la Cámara de Diputados, en ambos casos en pocos minutos, con la aprobación de las ‘supermayorías’ oficialistas en ambas cámaras y hasta este domingo cuenta con el respaldo de 25 legislaturas de 32 estados.
Ambos actos no contaron con la presencia de la oposición, tras la negativa a la reforma, que han calificado como un retroceso para la democracia y la independencia judicial, así como para el equilibrio de Poderes y la posible intromisión de “grupos de interés”.
La acción se dio a la par de los intentos por trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) y por lo menos 1.200 personas juzgadoras en el país por frenar esta reforma recurriendo a instancias nacionales e internacionales.
Organismos multilaterales como las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); empresariales como la International Chamber of Commerce (ICC); calificadoras como Fitch y Moody’s, así como el Gobierno estadounidense han advertido repercusiones para México por esta reforma, incluidos paneles y arbitrajes en el marco de tratados comerciales como el T-MEC.
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También el viernes un juez del estado de Colima, oeste de México, ordenó una suspensión para frenar la promulgación de la reforma en el DOF, pese a que López Obrador, principal impulsor de la reforma, anunció que sería oficializada este domingo, cuando se conmemora en el país el Día de la Independencia.
BARRA MEXICANA DE ABOGADOS LA CRITICA
La Barra Mexicana, Colegio de Abogados y el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford emiten un comunicado conjunto sobre la aprobación de la reforma. Mencionan que la recientemente aprobada reforma constitucional cambia profundamente el sistema judicial del país. “Politizará el poder judicial al reemplazar a casi siete mil jueces en funciones en todo el país con jueces elegidos por voto popular y al establecer un tribunal disciplinario judicial y un tribunal electoral, cuyos miembros también serán elegidos por voto popular y cuyos términos coincidirán con el periodo presidencial”.
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