Lula propone transformar los edificios del Estado abandonados en viviendas populares
La meta del Gobierno es subsidiar "más de dos millones de viviendas" hasta 2026, último año del mandato de Lula
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, propuso este jueves 13 de julio transformar los "miles" de edificios y terrenos abandonados que son propiedad del Estado brasileño en viviendas sociales para la población más vulnerable.
"El Estado debe sentirse obligado a hacer una reparación para que las personas tengan acceso a una casa", afirmó el mandatario progresista en una ceremonia en el Palacio de Planalto, en Brasilia.
El gobernante sancionó, acompañado de varios de sus ministros, una medida aprobada por el Congreso que mejora las condiciones del programa de vivienda popular "Mi casa, mi vida", creado en 2009, durante el segundo mandato de Lula, y recuperado este año bajo moldes similares.
La ampliación del programa, que consiste en que el Gobierno subsidia una parte importante de la vivienda a los más pobres, se traduce en la reducción de los intereses del préstamo para las familias de bajos ingresos que se inscriban al mismo y en un mayor acceso para la clase media.
La meta del Gobierno es subsidiar "más de dos millones de viviendas" hasta 2026, último año del mandato de Lula, que empezó el pasado 1 de enero.
No obstante, Lula recordó en su discurso que aún existe un elevado déficit de vivienda en el país, que calculó entre seis y siete millones, y por ese motivo propuso distribuir entre la población los ediciones y terrenos hoy abandonados por el Estado brasileño.
"Vamos a tener que transformarlos en unidades habitacionales", planteó.
Lula citó que solo el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) cuenta con "3.000" locales, entre casas, terrenos y edificios, muchos de ellos en el centro de las grandes ciudades del país, a los que no está dando ningún uso.
"¿Por qué están en las manos del INSS y no se distribuyen entre el pueblo?", se preguntó.
En este sentido, Lula, de 77 años, prometió que cuando finalice su mandato entregará un país "sano", "económicamente fuerte y políticamente respetado" en el que la Constitución es "cumplida".
