Militares en los bosques de Colombia
La Operación Artemisa siembra polémica. Fue creada como fórmula para evitar la deforestación. Los campesinos alegan que es ineficaz
Campesinos o deforestadores es la dicotomía creada por la Operación Artemisa, una militarización de los bosques colombianos que ha llevado a una aguda división en el departamento del Guaviare entre críticos de esta política y la fuerza pública que defiende su labor en la conservación y lucha contra la deforestación.
La Operación Artemisa fue creada por el anterior Gobierno y ahora pende de un hilo con la llegada de la nueva administración, de Gustavo Petro, que ya anticipó que pondrá fin a la militarización de la lucha contra la deforestación.
El Ejército define a Artemisa como una operación que enfoca sus esfuerzos “en la protección del medio ambiente, la reforestación de bosques y contribución a la sustitución de cultivos ilícitos, logrando así salvaguardar uno de los activos estratégicos más importantes del país, su biodiversidad”.
Precisamente debido a la erradicación forzada de cultivos ilícitos, Pedro Mosquera, conocido como Tita, se sumó a un paro campesino en 2021 en una de las aldeas del municipio de El Retorno que buscaba frenar el accionar del Ejército.
“No estaba peleando ni mucho menos, tenía cinco minutos de haber llegado cuando nos atacaron”, relata Tita, que recibió un disparo cuando intentaba huir de la balacera que se formó. Lo aislado del lugar hizo que el campesino tardara casi un día en llegar al hospital por lo cual tuvieron que amputarle una pierna.
Mosquera lamenta que los soldados no le prestaron los primeros auxilios, “se abrieron y me dejaron botado ahí”.
Artemisa “va mucho más allá de adelantar operaciones ofensivas contra el narcotráfico y la minería ilegal”, también promueve los esfuerzos para “la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos”, agrega el Ejército sobre su estrategia.
En el batallón de la Vigésimo Segunda Brigada de Selva, el coronel Giovanni Tauta Ramírez explica a Efe que, en lo que va de 2022, se han plantado 29.300 árboles, se han erradicado 4.700 hectáreas de las 6.860 de cultivos ilícitos previstas para eliminar este año y además, según sus cifras, con Artemisa se ha impedido la deforestación de más de 2.000 hectáreas.
“El árbol que tales hoy será el aire que le faltará a tus hijos mañana”, reza un tajante mensaje incluido en los volantes que los soldados del Ejército entregan a la gente y en los que piden no talar más: “Nuestras generaciones necesitan oxígeno, agua, biodiversidad y calidad de vida”.
En el Guaviare, los campesinos afirman que Artemisa está lejos de haber capturado a los grandes deforestadores. El único nombre que se les viene a la mente es el de Reinel Gaitán Tangarife, alias el Gurre, detenido en febrero pasado por presuntos delitos ambientales, minería ilegal, soborno a funcionarios públicos y fraude procesal. Se lo acusó de ser “uno de los principales responsables de la deforestación de cerca de mil hectáreas de bosque en el Parque Nacional Natural Nukak”. Las cifras del Ministerio de Defensa, que coordina la operación, recogen que han sido capturadas 107 personas.
Sobre el papel, los resultados apuntan a una reducción considerable de la deforestación, pero los últimos datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) contradicen esta información.
En 2021, cuando hubo 20 operaciones de Artemisa, la deforestación en el país creció un 1,5 % y fueron destruidas 174.103 hectáreas de bosque. Además, el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, que ocupa parte de los departamentos de Caquetá y Guaviare, fue donde más se agudizó la tala: hubo un incremento de la deforestación del 13 %.
Más allá de los resultados de esta estrategia, otra de las críticas es a la eficiencia de la operación en términos de los recursos empleados y los grandes deforestadores detenidos.
Por ejemplo, en la última operación hecha en el Guaviare, sobre la que no se pueden obtener cifras exactas de los recursos económicos empleados, se necesitaron 150 soldados y 14 horas de vuelo en helicóptero -cada hora tiene un costo de 17 millones de pesos (unos 3.850 dólares al cambio de hoy)- para un total de seis detenidos.
Un programa que no diferencia
Artemisa es una nueva misión para las Fuerzas Militares “que viene acompañada por una reciente normativa sobre delitos ambientales” y, aunque en un principio fue vista como una operación enfocada en zonas de deforestación, ahora es “una campaña permanente que ya se ha convertido en una estrategia”, explica Juan Carlos Garzón, director del Área de Dinámicas de Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz. Los críticos alegan que “es una respuesta no solamente insuficiente, sino que es problemática (...) Es el problema que siempre tenemos, una intervención muy segmentada e incompleta del Estado: si no se trabaja con las comunidades y no hay capacidades territoriales es un esfuerzo insostenible”, agrega Garzón. “Esto sin la gente no funciona” valora el experto, que cuestiona “cómo se mide el éxito” de esta operación, si en términos de captura o de impulsar iniciativas para preservar los territorios. Además, Artemisa se enfrenta a una dificultad añadida: el Estado y la gobernabilidad no llegan a todos los rincones apartados del país, donde los grupos al margen de la ley siguen imponiendo sus normas sin presencia de la fuerza pública. Artemisa no ha sido capaz de diferenciar entre campesinos y deforestadores.
