Mujeres y guerra en Latinoamérica: dolor, justicia y resistencia

La guerra profundiza la vulnerabilidad de mujeres y niñas en todo el mundo y Latinoamérica no es la excepción: miles de ellas han sido asesinadas, desaparecidas, desplazadas, violentadas sexualmente, reclutadas o viven bajo amenazas de grupos armados, una realidad que, a la vez, revela la resistencia femenina en búsqueda de justicia.

"Fui secuestrada, torturada y abusada por militares. No solo dañaron mis sueños, acabaron con mi dignidad, sino que también sentí que había perdido el valor de ser mujer", indica el testimonio de una de los cientos de víctimas de violencia sexual en el conflicto en Colombia.

Su caso es una muestra de la situación en las zonas de conflicto de América Latina, donde mujeres y niñas siguen viviendo y resistiendo los efectos de la violencia, ya sea como desplazadas, migrantes o habitantes de áreas de combate.

"La vulnerabilidad mayor es la violencia y ser utilizadas por actores armados", pero hay otras condiciones también complejas, que se presentan en grupos aun más frágiles, como las migrantes o desplazadas, explica a Efe Alma Pérez, asesora regional en Paz, Seguridad y Acción Humanitaria de ONU Mujeres.

Datos de la ONU confirman que la población femenina es uno de los principales blancos en la guerra: en 2021 se reportaron 3.293 casos verificados de violencia sexual cometidos contra mujeres y niñas en 18 países, incluido Colombia.

Un año antes se evidenciaron al menos 35 asesinatos de mujeres defensoras de derechos humanos, periodistas o sindicalistas en 7 países afectados por conflictos. Ese número, "un recuento insuficiente", según Naciones Unidas, superó las cifras de 2018 y 2019.

 

La líder indígena Rosalina Tuyuc tenía 26 años cuando su padre fue secuestrado en San Juan Comalapa, un poblado ubicado unos 80 km al oeste de la capital de Guatemala y donde un cuartel militar funcionó como centro de detención y tortura durante la guerra interna.

"Siempre había creído que lo iba a localizar en el destacamento de Comalapa, porque sé que allí fue llevado, torturado asesinado. Pero no lo encontré. La crueldad fue tan grande, que dejó sellado ese horror", narra  Rosalina, quien lleva cuatro décadas buscando los restos de su padre y de su esposo, también secuestrado por fuerzas del Estado.

Se estima que en esa guerra (1960-1996), uno de los mayores conflictos armados en América Latina de las últimas décadas, junto al de El Salvador y el de Colombia, más de 250.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas y unas 30.000 mujeres fueron víctimas de violencia sexual.

En el caso de El Salvador, no existe un registro oficial de cuántas mujeres participaron o resultaron afectadas en la contienda (1980-1992), que enfrentó al Ejército, financiado por EE.UU., con la entonces guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y dejó 75.000 muertos y unos 8.000 desaparecidos.

Lo que sí se sabe, asegura  la activista y exguerrillera Morena Herrera, es que la Fuerza Armada "no buscó golpear a la guerrilla, sino a la población civil" y "la mayoría de víctimas de las masacres eran niñas, mujeres y ancianos".

Ambos países mantienen heridas abiertas pues miles de personas, en su mayoría madres, hijas y esposas, siguen buscando a familiares desaparecidos y hay numerosos procesos en curso por abusos y matanzas, como la del Mozote, en 1981, en la que en tres días más de mil hombres, mujeres, niños y niñas fueron asesinados por el Ejército salvadoreño.

"Es en los cuerpos de las mujeres en los que muchas veces tiene lugar el conflicto. Un impacto medido, claro, reiterado y deliberado porque es una manera de marcar el territorio, de marcar una victoria o de humillar al enemigo", expone la asesora de ONU Mujeres.

Es el caso de Haití, el país más pobre de América y donde la ONU da cuenta de violencia sexual contra mujeres y niñas, así como de menores reclutadas, en el marco de la actual ola de crímenes por parte de bandas armadas, que han convertido a las ciudades, incluida la capital, en campos de batalla.

La misma lacra ha signado a Colombia, sacudida durante décadas por una guerra entre guerrillas, paramilitares, narcotraficantes, bandas criminales y el Ejército y donde el Informe Final de la Comisión de la Verdad concluyó que los "actores armados se inscribieron en los cuerpos de las mujeres, los marcaron, los violentaron, los destrozaron".

"Las mujeres hemos sido las grandes víctimas. La violencia sexual es bastante fuerte por parte de todos los grupos armados", ratifica Gloria Luna Rivillas, de la Red Departamental de Mujeres del Chocó (oeste), uno de los rincones más empobrecidos de Colombia y de donde el conflicto nunca se fue pese a la firma de la paz.

"Acá en el campo los hombres tienen que salir a trabajar y las mujeres tenemos que salir a pelear para que terminen con el robo del agua", relata  Verónica Vilches, quien lleva más de 20 años luchando desde la provincia chilena de Petorca (centro), una de las más afectadas por la escasez hídrica, para que el agua se considere un derecho humano.

"No tenemos nada, ni agua para cultivar, ni para ducharnos. Y sin agua no podemos vivir, es una lucha a vida o muerte", lamenta Vilches, quien denuncia haber sufrido varias amenazas de muerte.

Las historias de Vilches y de la hondureña Berta Cáceres, asesinada en su casa en 2016, se suman a las de cientos de latinoamericanas en riesgo por su trabajo en defensa de la tierra, el medio ambiente y los derechos de sus comunidades.

De acuerdo con ONU Mujeres, la defensa del territorio es una causa profundamente conectada con la vocación femenina de transformación y es una de las de las razones que las pone en una situación mayor de vulnerabilidad.

Datos de la ONU y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) indican que en Latinoamérica, la región del mundo más peligrosa para estos activistas, 166 defensoras del medio ambiente fueron asesinadas entre 2015 y 2019.

Por eso, Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional en Chile, considera "imperativo atender el nivel de violencia al que se exponen" estas mujeres, al confirmar el "hostigamiento y ataques" contra las defensoras del agua en el país.

La amenaza se extiende a países como Paraguay, donde se estima que el 2,85 % de los propietarios posee el 85 % de la tierra y en el que el liderazgo femenino que reclama una reforma agraria emergió con mucha más fuerza en la última década, según Marielle Palau, de la ONG Base Investigaciones Sociales.

"Tenemos la lucha permanente por la tierra porque la concentración de tierras es demasiado grande", sostiene desde el departamento de Guairá Teodolina Villalba, quien en 2012 se convirtió en la primera mujer al frente de la secretaría general de la Federación Nacional Campesina de Paraguay (FNC).

Aún hay una limitada participación femenina en los procesos de paz: entre 1992 y 2019 solo el 13 % de los negociadores, el 6 % de los mediadores y el 6 % de los signatarios en procesos importantes de paz eran mujeres.

Sin embargo, cientos de latinoamericanas han asumido por su cuenta un rol de líderes comunitarias y de búsqueda de reparación.

Con ellas, Guatemala se convirtió en referente de justicia en crímenes de violencia sexual, pues lograron que exmilitares y exparamilitares fueran condenados por los abusos en la comunidad indígena de Sepur Zarco.

"Mujeres que ahora son abuelas sufrieron las vejaciones de la esclavitud sexual y la búsqueda de justicia duró 30 años. Ese proceso dio pie a los mayores avances en justicia transicional para las mujeres y es referente en distintos lugares del mundo", resalta Alma Pérez.

"Siempre hay compañeras activas, compañeras que dirigen la comunidad y hasta incluso que dirigen asentamientos, porque nosotras tenemos luchas y conquistas", declara, por su parte, la paraguaya Villalba.

En esto coincide Morena Herrera, socia fundadora del grupo feminista Las Dignas, creado en el periodo de los Acuerdos de Paz por afectadas directas por el conflicto salvadoreño y para quien "las mujeres han sido las que abrieron el espacio de lucha para la recuperación democrática y la reivindicación de la paz".

"Seguimos creyendo en la justicia y mientras estemos vivas habrá un compromiso por encontrar justicia", puntualiza Rosalina, fundadora de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua).