Netanyahu retomará poder enjuiciado por corrupción: ¿conflicto de intereses?

Tras años de inestabilidad, Benjamín Netanyahu retomará el poder en Israel con una holgada mayoría que le permitirá gobernar sin muchas trabas, pero su retorno está manchado por su juicio abierto por corrupción. Voces críticas alertan de que lo podría usar para condicionar el proceso a su favor.

Tras más de dos años de pesquisas policiales, el próximo jefe de Gobierno -que ayer informó al presidente que tiene apoyo suficiente para crear Ejecutivo- fue acusado de cohecho, fraude y abuso de confianza en tres casos separados a fines de 2019. Esto marcó la cuenta atrás de su juicio, que comenzó en mayo de 2020, que aún sigue su curso y previsiblemente durará años.

El proceso quedó en segundo plano este 2022 y casi no tuvo peso en la campaña para los comicios del 1 de noviembre, pero es un asunto que afectará esta legislatura.

En caso de ser declarado culpable con condena firme, Netanyahu debería dimitir, pero mientras podrá mantener el poder: la ley israelí marca que un ministro debe dejar su puesto al ser acusado, pero esto no se aplica a un jefe de Gobierno.

Netanyahu, primer ministro más longevo de la historia de Israel que gobernó durante 15 años (1996-1999 y 2009-2021), no abandonó el cargo cuando fue imputado hace tres años, y su retorno devuelve al Estado a la contradicción de tener a su principal gobernante triplemente enjuiciado.

 

"Si eres juzgado por corrupción y primer ministro, esto te pone en un conflicto de intereses, porque puedes usar el aparato estatal para obtener una decisión favorable en tu caso", afirma a Efe Adam Shinar, docente de derecho en la Universidad Reichman de Israel.

En el llamado "Caso 1000", se acusa a Netanyahu de aceptar lujosos regalos de multimillonarios. En el "Caso 2000" se juzga un intento de pacto para obtener cobertura a su favor con el editor del importante diario Walla a cambio de limitar la distribución de otro periódico rival.

Y en el "Caso 4000" es sospechoso de favorecer a la empresa de telefonía Bezeq a cambio de esa cobertura favorable en Walla, ya que ambas empresas estaban controladas por el magnate Shaul Elovitch. Esto implica el cargo de cohecho, penado con hasta diez años de prisión.

Los otros casos por fraude y abuso de confianza podrían implicar penas de hasta tres años, aunque Netanyahu niega todos los cargos y alega un complot de fiscales, medios, inspectores policiales e izquierda.

Sus críticos especulan con la posibilidad de que pudiera usar su posición para anular su juicio con maniobras legales, y así lo insinuó alguno de sus socios de extrema derecha, pero analistas creen que no le interesa dar este paso ni causar revuelo con medidas que se verían como ataques a la justicia y a la democracia israelí.

"No creo que Netanyahu quiera cancelar el juicio de forma clara porque el proceso aún durará mucho, pero podría hacer otras cosas para socavarlo", remarca Shinar.

Según detalla, el procedimiento está aún en fase probatoria, de comparecencia de testigos, una etapa temprana que da margen al jefe de Gobierno para "seguir con el statu quo vigente".