Nueva ley migratoria en Florida: Impacto y desafíos para trabajadores en 2025
Una polémica normativa de 2023 aplicaría desde julio de 2025 en contra los trabajadores migrantes del estado
A partir de julio de 2025, el estado de Florida pondrá en marcha una nueva fase en su política migratoria al exigir a todas las empresas la verificación del estatus migratorio de sus empleados mediante el sistema E-Verify. Esta medida, que promete transformar el panorama laboral del estado, se alinea con la agenda restrictiva impulsada por el expresidente Donald Trump y respaldada con fuerza por el actual gobernador Ron DeSantis.
Esto será así si sigue avanzando el proyecto de ley HB 955, que existe desde 2023 pero ahora la dirigencia republicana en Florida quiere ampliarla a las empresas con menos de 25 empleados.
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El sistema, diseñado para comparar la información laboral con los registros del Departamento de Seguridad Nacional y la Seguridad Social, ha sido celebrado por sus defensores como una herramienta clave para combatir la contratación de trabajadores indocumentados.
Sin embargo, también ha encendido alarmas entre organizaciones de derechos humanos y empleadores, quienes advierten sobre posibles errores en el sistema y un clima de temor e incertidumbre en sectores como la agricultura, la construcción y el turismo.
Según la oenegé Florida Policy Institute, la imposición de utilizar E-Verify podría costarle 12.600 millones de dólares en un año a la economía de Florida, donde trabajan numerosos extranjeros en situación migratoria irregular en sectores como la construcción, la agricultura, la restauración y el ocio.
El temor de los migrantes en EE. UU. de perder el empleo
El debate en torno al E-Verify no es nuevo, pero su implementación obligatoria en Florida marca un punto de inflexión. Mientras algunos aplauden la medida como un paso hacia el cumplimiento de la ley, otros la ven como un movimiento político que podría desatar consecuencias económicas imprevisibles. La incertidumbre crece entre empresarios, muchos de los cuales dependen de una fuerza laboral inmigrante para sostener sus operaciones.
Al mismo tiempo, comunidades enteras de trabajadores migrantes se enfrentan al temor de perder su empleo o ser víctimas de discriminación. Con esta nueva exigencia legal, Florida se convierte en el laboratorio de una política migratoria más estricta que podría replicarse en otros estados, reavivando una vieja tensión entre la economía, la legalidad y la dignidad humana.
Unos 660.000 extranjeros residían en Florida en situación irregular en 2018, según la última estimación publicada por el Departamento de Seguridad Interior (DHS) de Estados Unidos en 2021.
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