ONU: la protección a civiles en medio de ola de violencia es insuficiente en Colombia

Los esfuerzos para proteger a los civiles en medio de la guerra interna en Colombia han sido "insuficientes" y los grupos armados están en "expansión" pese a las negociaciones de paz que lideran el gobierno, aseguraron representantes de la ONU durante la presentación del informe anual este lunes 24 de febrero de 2025 en Bogotá.

Aunque varias organizaciones adelantan diálogos con el gobierno de Gustavo Petro, en 2024 la violencia de rebeldes y narcos dejó 252 personas muertas en 72 masacres; 216 niños reclutados, 89 defensores de derechos humanos asesinados y 51.623 desplazados, de acuerdo al informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en Colombia.

"Los esfuerzos de protección, si bien muy importantes, parecieran hasta ahora insuficientes para contener esta ola de violencia y el impacto sobre la población civil", dijo Juan Carlos Monge, representante de ONU DDHH en el país, durante la presentación del informe.

Preservar a los civiles debe ser "el gran objetivo de cualquier acción del Estado y principalmente si existen procesos de diálogo o negociación", agregó sobre el informe que será llevado ante el Consejo de DDHH de la ONU el 3 de marzo.

OTROS GRUPOS ARMADOS ASUMEN CONTROL

Petro, el primer izquierdista en el poder de Colombia, apuesta por una salida dialogada al conflicto armado que desangra al país desde hace seis décadas y deja más de 9,8 millones de víctimas.

Pero la violencia persiste y "se ha producido una expansión y consolidación (de las organizaciones) en diferentes puntos del territorio", admitió más tarde Monge a la AFP.

El acuerdo de paz firmado en 2016 con rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dio un corto alivio a las regiones apartadas del país.

Sin embargo, el Estado no participó en los territorios que dejaron los guerrilleros y en su lugar otras organizaciones se disputan a sangre y fuego el tráfico de drogas, la minería ilegal y otros negocios ilícitos, según expertos.

"Una de las recomendaciones específicas (del informe) tiene que ver con el llamado al Estado para estar presente sin restricciones en todos los territorios y poder así garantizar la protección de los derechos humanos", dijo Monge.

IMPACTO DESPROPORCIONAL

La creciente violencia "afecta desproporcionadamente a los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y los campesinos", según el documento.

El informe también destaca la cruenta violencia en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, donde guerrilleros del ELN se enfrentan con disidentes de las FARC, con un saldo de 70 muertos y más de 52.000 desplazados desde mediados de enero, según cifras oficiales.

Ante la embestida, Petro suspendió los diálogos de paz con los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que habían iniciado en 2024.

"El ELN ha hablado mucho de paz, pero lo que pasa en el Catatumbo pasa en otras partes del país (...) No son gestos de paz", señaló la defensora del Pueblo Iris Marín.

Analistas señalan que la seguridad se ha deteriorado sensiblemente en el país en medio de la política de paz de Petro, que mermó las acciones ofensivas de la fuerza pública en contra de los grupos armados.

Con respecto a 2023, el informe registra una disminución en las masacres (27% menos), los homicidios de defensores de derechos humanos (-15%) y desplazamientos (-18%). Sin embargo, el impuesto de confinamiento por grupos armados afectó a 138.419 personas, un 58% más que en 2023.

El informe también denuncia el asesinato de 33 excombatientes de las FARC que depusieron las armas, una cifra que representa una disminución del 31% respecto a 2023.

Además 90 integrantes de la Fuerza Pública fueron asesinados y 425 heridos entre enero y noviembre de 2024, indica el informe.

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