El fin de la pausa en el pago de la deuda estudiantil en EE.UU. abre nuevas luchas
Los intereses de los préstamos comenzarán a acumularse este 1 de septiembre y los pagos se reiniciarán en octubre
El paréntesis en el pago de la deuda estudiantil en Estados Unidos aplicado durante la pandemia llega a su fin este viernes 1 de septiembre, dejando a muchos ciudadanos ante la incertidumbre de cómo afrontarlo y al Gobierno con la voluntad expresa de mantener su lucha en favor de más ayudas.
Esa pausa comenzó en marzo de 2020, bajo la Administración del republicano Donald Trump (2017-2021), y su sucesor, el demócrata Joe Biden, la ha ido ampliando hasta que el acuerdo bipartidista ratificado en junio para elevar el límite de endeudamiento del país puso como condición que se retomaran los desembolsos.
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Los intereses de los préstamos comenzarán a acumularse este 1 de septiembre y los pagos se reiniciarán en octubre.
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Leer más"La pausa fue una de las razones por las que pude dejar de ser camarera y aceptar un recorte salarial de 20.000 dólares al año por un trabajo a tiempo completo como periodista. He pasado de pensar que estaría libre de deudas a prepararme para los mismos pagos con un salario mucho más bajo", dijo en X (anteriormente Twitter) la investigadora estadounidense Indigo Olivier.
Se graduó en 2017 con 25.000 dólares de deuda, más otros 3.000 que le había prestado su padre, y hasta que se interrumpieron los pagos desembolsaba 300 dólares al mes para devolver esa cantidad, según cuenta a EFE por teléfono.
Ahora está "a la espera de ver qué pasa", relata esta joven de 27 años, nativa de Miami y residente en Nueva York, que se puede permitir ahora no tener que compaginar varios trabajos en parte porque ya no vive sola, sino con su pareja.
El pasado junio, el Tribunal Supremo tumbó el plan de Biden de 400.000 millones de dólares que habría cancelado hasta 20.000 dólares en préstamos estudiantiles federales para 43 millones de personas.
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El plan B del Ejecutivo se asienta en tres ejes, entre ellos el programa SAVE, que fija la cantidad mensual a devolver en el nivel de ingresos de la persona y adelanta la condonación completa del dinero, y un periodo de transición de un año, de forma que quien no pueda afrontar los pagos no se arriesgue a caer en el impago y a ver afectado su historial crediticio.
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Leer másLa Administración de Biden también recurre a un nuevo proceso de elaboración de normas llamado "reglamentación negociada", que se apoya en una amplia participación pública y expertos no federales para debatir ideas y llegar a una vía que no se vea tumbada de nuevo por los tribunales.
"Queremos asegurarnos de que damos a los que están endeudados la oportunidad de ponerse en pie de nuevo. Vamos a seguir luchando por el alivio de la deuda", subraya en entrevista telefónica con EFE el secretario de Educación, Miguel Cardona.
Su plan ideal, añade, era el que fue desestimado. Desde que Biden llegó al poder en enero de 2021, su Administración ha aprobado ya la cancelación de más de 116.000 millones de dólares en deuda a 3,4 millones de personas.
"Vamos a asegurarnos de que el sistema sea mejor de lo que era cuando se interrumpieron los pagos porque a muchos prestatarios les costaba llegar a fin de mes para poder cumplir con ellos", sostiene Cardona.
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La joven estadounidense Yadira Castillo, de 30 años, es una de esas personas que en esta nueva etapa analiza cómo cerrar su préstamo: "Voy a pensar si quiero pagarlo como lo estaba pagando antes o reducirlo y tratar de pagarlo poco a poco", sostiene.
Terapeuta, trabajadora en una clínica y de orígenes mexicanos, tiene pendientes aún unos 10.000 dólares. Entre la carrera y el máster solicitó 60.000 y por su tipo de trabajo pudo acogerse a condiciones más ventajosas de devolución.
Pero es consciente de que no todo el mundo está en su situación: "Debe de haber programas para poder ayudar a pagar con más facilidad o quitar completamente ciertos préstamos, especialmente para la gente de bajos recursos", recalca alegando que el individualismo propio de la cultura estadounidense contribuye a que parte de la población se oponga a los planes de condonación.
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