Pedro Sánchez, ante el reto de desactivar la crisis en Cataluña

El flamante gobierno de coalición dirigido por Pedro Sánchez tiene uno de sus principales retos en Cataluña, donde prometió iniciar una controvertida negociación con los separatistas para desanudar un conflicto que lleva una década marcando la política del país.

El pacto entre el PSOE de Sánchez y ERC contempla la creación de “una mesa de negociación” entre el gobierno central y el regional catalán controlado por los separatistas para “encauzar el conflicto político en la región”, cuyos posibles acuerdos sean sometidos al voto de los catalanes.

“El tema catalán ha sido el mayor problema durante cinco o seis años en España y es la primera vez que alguien decide ponerle coto en una mesa de negociación”, destaca el politólogo Ernesto Pascual, de la Universitat Oberta de Cataluña. El compromiso era una condición indispensable para que el partido separatista ERC facilitara con su abstención en el Congreso la investidura de Sánchez, reconducido a la presidencia del gobierno que alcanzó en junio de 2018.

En Guayaquil, un grupo de españoles y personas vinculadas con el Casal Catalá de Guayaquil reconocen que el anuncio de una mesa de negociación resulta significativo, pero también que va a ser difícil que finalmente este diálogo termine por desatar el nudo.

“La mesa de negociación es un paso en el camino de la desjudicialización de la política en la península ibérica, pero no creo que la mesa por sí misma genere un resultado inmediato, ni siquiera pronto, menos de manera suficiente como para apagar todos los fuegos activos”, asegura Santiago Barreiro, miembro del Casal local. “Las distancias son demasiado amplias”, agrega.

La iniciativa de la mencionada mesa nace entre críticas de la derecha y el independentismo más radical y dudas sobre qué acuerdos pueden alcanzarse ante la lejanía de las posiciones de ambas partes.

Los independentistas quieren llevar a la mesa de negociación el derecho a la autodeterminación de esta región nororiental y la amnistía para los dirigentes encarcelados o huidos al extranjero tras el fallido intento de secesión de 2017. El PSOE ya descartó un referéndum sobre la independencia.

Para Vicente García García, presidente de la Sociedad Española de Beneficencia, quien reconoce no estar de acuerdo con el independentismo, porque “todos somos España y tenemos que seguir siéndolo”, cree necesario que se concrete este llamado a conversar porque “está claro que hay que darle una solución ya mismo y en política y en estos tiempos, los problemas se arreglan sentándose a dialogar”.

“Debería haberlo por el bien de España y de Cataluña”, dice José María Marzo, presidente de la Cámara Oficial Española de Comercio del Ecuador, refiriéndose a la promesa de Pedro Sánchez de una fase de negociación, la cual sin embargo, dice que llega en un momento de crispación tanto en la región, escenario de protestas violentas en octubre tras la condena de cárcel de nueve dirigentes separatistas por el intento de secesión de 2017, como en el resto del país.

“Quim Torra ha sido inhabilitado como diputado por el Tribunal Electoral por no haber acatado la orden de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos pero su contraparte catalana ha decidido no acatar la decisión; además Torra sigue siendo el presidente de la Generalitat”, dice Marzo.

Si bien el acuerdo suscrito contempla un "diálogo abierto sobre todas las propuestas presentadas", enmarca los resultados de la negociación en "el ordenamiento jurídico democrático".

"En la Constitución española no cabe un referéndum de autodeterminación para Cataluña", zanja el catedrático de derecho constitucional Xavier Arbós.

El proceso de reforma de la Constitución es laborioso y tampoco cuenta con el apoyo necesario, dado el rechazo de los grandes partidos españoles, incluido el PSOE, a permitir esta votación.

"Un referéndum como el de Escocia (en 2014 para separarse del Reino Unido, ndlr) no lo veremos", coincide el historiador y analista político Joan Esculies.

Para él, es más factible "un pacto para blindar y clarificar las competencias de la región que situara Cataluña en un estatus especial dentro del reino de España".

La región cuenta ya con amplias competencias en sanidad, educación o seguridad, pero parte de su población lamenta un déficit en inversiones y ve peligrar su lengua y cultura propias, fuertemente protegidas por las autoridades locales.

Aunque los separatistas controlan las instituciones regionales, la población se encuentra dividida sobre la independencia. Según el último sondeo del gobierno regional, un 47,9% la rechaza contra un 43,7% que la respalda.

Antes residual, el sentimiento independentista se disparó hace una década, coincidiendo con la crisis económica, la llegada al poder del conservador Partido Popular y la anulación parcial de un estatuto regional que ampliaba la autonomía de Cataluña.