El penal de Barbadillo acoge a Toledo y Fujimori, enemigos en la política

El exmandatario peruano Alejandro Toledo se convirtió, a comienzos del 2000, en el rostro de la oposición al Gobierno de tintes autoritarios de Alberto Fujimori. Veintitrés años después, los destinos de los dos políticos vuelven a cruzarse, esta vez en el penal donde acaban depositadas las esperanzas del país con el récord mundial de presidentes presos y procesados.

Toledo, quien gobernó Perú entre 2001 y 2006, fue extraditado a su país este domingo desde Estados Unidos y trasladado a la prisión de Barbadillo, donde cumplirá 18 meses de cárcel preventiva mientras afronta un juicio oral por presuntamente haber recibido sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht.

Este mismo recinto penitenciario, de menos de un kilómetro cuadrado y ubicado en el este de Lima, alberga desde diciembre pasado al expresidente Pedro Castillo y, desde 2007, a Fujimori, quien cumple una condena de 25 de años de prisión por delitos de lesa humanidad y por la red de corrupción que instauró en el aparato estatal.

El "cholo sano y sagrado", como lo definió alguna vez su esposa, la antropóloga franco-belga Eliane Karp, se enfrentó por segunda vez a Fujimori en las elecciones presidenciales del 2000, cuando el patriarca de la familia política más sonada del país acumulaba diez años en el poder con serios cuestionamientos ligados a la corrupción y a violaciones a los derechos humanos.

Toledo, de rasgos mestizos, se presentaba como un peruano común. El economista y líder del desaparecido partido Perú Posible procedía de una región andina, se había desempeñado como limpiador de calzado y albañil, y se decía orgulloso de sus orígenes humildes y sus logros académicos, que lo llevaron a estudiar un doctorado en la Universidad de Standford, en Estados Unidos.

A su favor, "el cholo" tenía una propuesta de cambio, de "luchar por la democracia" y "tumbar la dictadura", tal y como reiteró él mismo la semana pasada, en una entrevista  

Pero "el chino" -como era popularmente conocido Fujimori, pese a ser hijo de emigrantes japoneses- venció la contienda y obtuvo su tercer mandato, en medio de denuncias de un supuesto fraude.

Meses después, Toledo convocó la denominada "Marcha de los Cuatro Suyos" (en alusión a las regiones del imperio incaico), que movilizó en Lima, durante tres días seguidos, a miles de peruanos unidos contra el fujimorismo.

Las protestas ayudaron a arrinconar al titán político, pero su fin lo marcó el escándalo por unos videos que documentaron cómo Vladimiro Montesinos, su principal asesor y hombre de confianza, sobornaba a políticos, magistrados y periodistas.

Tras la difusión de los "vladivideos", Fujimori convocó a elecciones generales y se fugó a Japón, desde donde anunció su renuncia mediante el fax más famoso de la historia peruana.

Al año siguiente, después de la presidencia interina de Valentín Paniagua, Toledo llegó al poder aupado por miles de ciudadanos que centraron en él sus esperanzas desvanecidas por la gestión anterior.

Poco más de dos décadas después, el hombre que encarnó esa burbuja de ilusión tuvo la misma suerte que su acérrimo rival político: Fue extraditado desde el extranjero y llevado a Barbadillo, tras casi seis años de maniobras legales para evadir la justicia peruana.

Para Toledo, el Ministerio Público ha pedido 20 años de prisión por supuestamente haber recibido coimas por más de 30 millones de dólares de Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa con la adjudicación de la carretera Interoceánica, que conecta Brasil y Perú.

El economista se convirtió así en el cuarto exgobernante en pisar el penal creado especialmente para Fujimori dentro de la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional, en el distrito limeño de Ate.

Castillo (2021-2022) permanece encarcelado allí desde el día de su fallido autogolpe, el 7 de diciembre pasado, y Ollanta Humala (2011-2016) cumplió en este mismo centro penitenciario una orden de prisión preventiva, mientras lo investigan, también, por la trama de Odebrecht.

En otros lares, tener a tres expresidentes recluidos en el mismo penal parecería una broma de mal gusto, pero no en Perú, un país que suma 11 presidentes en los últimos 30 años, ocho de ellos con cuentas pendientes con la justicia, sin contar a Alan García, que se suicidó en 2019 antes de ser detenido.

En la cola de la lista figura la actual mandataria, Dina Boluarte, quien está siendo investigada preliminarmente por las decenas de muertes en las recientes protestas antigubernamentales.

Alguien dijo hace poco que, para ganar en las urnas en Perú, uno necesita tener una "L" en su nombre. Cabe advertir que, hacerlo, es casi sinónimo de acabar en prisión.