La penalización del aborto es la "mayor expresión de violencia" en El Salvador
La OMS publicó la nuevas directrices en relación al aborto y mandato a todos los estados a eliminar las barreras
La penalización absoluta del aborto es la "mayor expresión de violencia" contra las mujeres en El Salvador, uno de los países más restrictivos sobre esta práctica, señalaron este jueves 28 de septiembre de 2023 activistas de la Asamblea Feminista con motivo del Día de Acción Global por el Aborto Legal.
En El Salvador, las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos y mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto -prohibido en todas las circunstancias- y son procesadas bajo el cargo de homicidio agravado, cuya pena de cárcel es de 30 años.
La activista Liseth Alas apuntó que, a pesar que hay otros países en la región que "han ido avanzando en el tema del acceso seguro y gratuito al aborto, como por ejemplo México", "El Salvador sigue siendo uno de los países con más rezago en materia de derechos en favor del aborto".
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Indicó, durante una conferencia de prensa, que en marzo de 2022 la Organización Mudnal de la Salud publicó la nuevas directrices en relación al aborto y mandato a todos los estados a eliminar las barreras.
Sin embargo, a pesar de esas nuevas directrices, "El Salvador sigue penalizando el aborto en todas sus formas", señaló Alas.
Para Keyla Cáceres "este país no avanza en materia de legislación, pero sí ha avanzado en otro tipo de legislación que permite, por ejemplo, actos de corrupción, pero las mujeres y las niñas siguen esperando que la Asamblea Legislativa, que tiene mayoría calificada y simple, legisle a favor de ellas".
"No hablamos incluso de legislación para despenalizar el aborto en su totalidad, sino de legislación que permita salvaguardar la vida y la salud de las niñas y de las mujeres en este país".
Cáceres dijo que el pasado 7 de septiembre se presentó ante la Asamblea Legislativa una nueva iniciativa, denominada Niñas no Madres, con la que se busca "abrir la posibilidad de la interrupción del embarazo cuando las niñas y adolescentes menores de 18 años sean víctimas de violencia sexual".
En la propuesta, que fue presentada por el diputado John Wright del partido Nuestro Tiempo, se solicita agregar un artículo al Código Penal que contenga que "el aborto no será punible en los casos que el embarazo sea un hecho de violencia sexual y violencia sexual agravada en niñas y adolescentes".
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