Perú desplegó más de 3.000 militares para la lucha contra el crimen

Las Fuerzas Armadas de Perú han desplegado más de 3.000 de sus efectivos para apoyar a la Policía Nacional en las tareas de control y vigilancia en 14 distritos de Lima que a finales de septiembre fueron declarados en emergencia para luchar contra el crimen organizado y la delincuencia.

El Ministerio de Defensa señaló este 6 de octubre en un comunicado que se realiza un trabajo coordinado, a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, para desplazar patrullas móviles y fijas en distritos como Independencia, en el norte de Lima, cuya situación fue supervisada por el ministro de Defensa, Walter Astudillo.

"Las Fuerzas Armadas, con personal del Comando Operacional Marítimo, está apoyando a los distritos de Ancón, Ventanilla, Puente Piedra y Santa Rosa; y en los otros diez distritos está el personal del Comando Operacional del Centro", precisó el ministro, quien estuvo acompañado por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general David Ojeda.

La intervención de policías y militares se ejecutó en zonas de alto índice de inseguridad en Independencia, donde se realizó la identificación de personas y Astudillo conversó con ciudadanos para conocer su opinión sobre estos operativos.

"Creo que es importante recalcar y transmitir a la ciudadanía un mensaje de tranquilidad y confianza en sus Fuerzas Armadas y en sus fuerzas policiales. En este tipo de operaciones, en cualquier operación militar o policial, la evaluación es permanente", comentó el ministro.

El ministerio de Defensa detalló que desde el primer día del estado de emergencia se realizaron más de 150 intervenciones en las jurisdicciones comprendidas y se desarrollaron entre 30 a 35 acciones diarias "con la intervención de patrullas militares a pie y tropas en reserva listas para responder ante cualquier eventualidad".

El pasado viernes, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, afirmó que su Gobierno enfrentará a la delincuencia "con mano dura y sin contemplaciones de ningún tipo", además de señalar que el delito de "extorsión tiene las horas contadas" en su país.

"Ningún peruano merece ser víctima de la delincuencia", enfatizó Boluarte durante la inauguración de la nueva central telefónica 111, instalada por la Policía Nacional del Perú (PNP) para que la ciudadanía pueda denunciar los crecientes casos de extorsión.

El Gobierno envió el jueves pasado al Congreso un proyecto de ley que califica como "terrorismo urbano" los delitos de extorsión, secuestro y sicariato, en respuesta a la ola de criminalidad denunciada por transportistas y gremios empresariales.

Posibles paros de transportistas

El Ejecutivo peruano adelantó hace una semana que iba a elaborar ese proyecto, luego de que el gremio de transportistas de Lima acatara un paro para protestar contra la ola de extorsión que sufre.

La propuesta plantea que las condenas para este delito no sean menores a 30 años de cárcel y se conviertan en cadena perpetua cuando quienes lo cometen pertenezcan a las Fuerzas Armadas o la Policía, usen armamento o material de guerra y utilicen a menores de edad o a personas inimputables para cometerlo.

Aunque el proyecto ya llegó al Congreso, el pleno reunido el 3 de octubre debatió otra propuesta similar planteada por legisladores, pero luego decidió que la Comisión de Justicia aún deberá recoger otros aportes y sugerencias sobre la iniciativa, según declaró el presidente de ese grupo de trabajo, Isaac Mita.

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