Perú: Fiscalía culmina investigación contra Keiko Fujimori y pide 30 años de cárcel

Más de 30 años de prisión por organización criminal, lavado de dinero, falsedad y obstrucción a la Justicia es la acusación contra la candidata a la Presidencia de Perú Keiko Fujimori por ocultar presuntas donaciones ilegítimas de Odebrecht y otras empresas en sus anteriores campañas electorales.

Tras más de cuatro años desde que inició sus primeras pesquisas, el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez presentó este jueves ante la Justicia el informe de su investigación a Fujimori, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y líder del partido opositor Fuerza Popular (FP).

Las acusaciones formales también se extienden a su marido, Mark Vito, y a varios de sus colaboradores más cercanos, así como al propio partido, para el que solicita que sea "disuelto y liquidado" en caso de resultar condenado por estos delitos.

Este anuncio llega en plena campaña electoral para las elecciones generales del 11 de abril en la que Fujimori y FP están en contienda y supone la culminación del primer paso legal que puede llevar a la condena de la política y su entorno.

El proceso ahora puede demorar meses hasta que se decida finalmente si se abre un juicio oral.

EN CAMPAÑA

La resolución de la Fiscalía cayó en plena campaña electoral e inmediatamente hizo surgir críticas por su "oportunismo".

Así lo interpretó Fujimori, quien en sus redes sociales indicó que "por más que un fiscal quiera ahora meterse en la recta final de la primera vuelta, yo seguiré enfrentando esta persecución y avanzando con energía para que juntos podamos superar esta emergencia sanitaria y económica".

De momento Fujimori y su partido, que en 2016 se quedaron a un puñado de votos de obtener la Presidencia y obtuvieron una abrumadora mayoría absoluta en el Congreso (76 sobre 130 diputados), marchan relegados en las encuestas, con aparentemente pocas opciones para entrar en una hipotética segunda vuelta electoral.

Fujimori se presenta por tercera vez a la Presidencia de Perú tras haber caído derrotada en segunda vuelta tanto 2011 como en 2016.

Ante estas críticas, el fiscal Pérez indicó que en su papel como "fiscal que persigue el crimen" tiene la "obligación de acusar" en cuanto culmine su labor, sin entrar en otras consideraciones.

LARGO Y COMPLEJO

El caso contra Fujimori y su entorno nació con las revelaciones del caso Lava Jato en Perú y el reconocimiento por parte de Odebrecht de que aportaron dinero de forma irregular tanto a Keiko como a otros líderes políticos de Perú durante las elecciones de 2011 y 2016.

La empresa brasileña no fue la única en entregar millonarias donaciones escondidas por Fuerza Popular pues Credicorp, el mayor grupo financiero de Perú, dio 3,6 millones de dólares que no quedaron registrados en ningún lugar, según confesó su presidente, Dionisio Romero, uno de los hombres más ricos de Perú.

Según la Fiscalía, el partido, bajo la dirección de Fujimori, instituyó un sistema fraudulento de contabilidad para ocultar el origen de los aportes bajo una contabilidad ficticia, donde las millonarias donaciones quedaban diluidas en múltiples aportes falsos de personas particulares.

El caso saltó con Fujimori en el apogeo de su poder: su bancada parlamentaria dominaba el Congreso y ejercía una oposición demoledora contra el entonces presidente, Pedro Pablo Kuczynski, y luego contra su sucesor, Martín Vizcarra.

MUCHOS INDICIOS Y VACÍOS LEGALES

La investigación se formalizó en agosto de 2018 y fue acumulando indicios hasta que el fiscal Pérez solicitó el ingreso en prisión provisional de Fujimori primero por 36 meses, plazo reducido luego a 18.

Fujimori pasó en prisión preventiva más de un año (octubre 2018-noviembre 2019), salió tras una apelación y luego volvió a regresar por otros cinco meses en 2020, esta vez para volver a la calle a causa del covid-19.