Perú: Opositores piden la destitución de Dina Boluarte
El partido marxista, al que pertenecía, mocionó un llamado a elecciones. La presidenta pidió a Fiscalía que se le tome declaración de forma inmediata
Una nueva crisis política vive Perú, tras el allanamiento a la vivienda de la presidenta Dina Boluarte y el Palacio de Gobierno por un equipo policial y fiscal que buscaba los relojes de lujo no declarados por la mandataria.
Mientras el país espera la declaración de Boluarte ante la Fiscalía de Perú, el allanamiento dividió a los partidos políticos peruanos entre los que vieron una oportunidad para resucitar unas nuevas elecciones y criticar a la mandataria, y los que criticaron el allanamiento y la defendieron.
Entre los primeros se posicionó el partido marxista al que pertenecía la propia presidenta, Perú Libre, que presentó al Congreso una moción de vacancia (destitución) en su contra que hasta el momento tiene la firma de 26 parlamentarios de los 130 que componen la cámara.
Mientras que, las formaciones políticas conservadoras como Fuerza Popular, Renovación Popular o Somos Perú, que definieron el allanamiento como “mero espectáculo” o “abuso de poder”, mostraron su apoyo a Boluarte.
Entre gran expectación, la presidenta hizo un pronunciamiento junto a todo su gabinete en el que definió lo ocurrido en su domicilio y Palacio de Gobierno como “arbitrario, abusivo y desproporcionado y afirmó que nunca ha existido ni rehusamiento ni rebeldía de su parte frente a la investigación fiscal.
No se refirió a lo que la ciudadanía esperaba: el origen de los relojes por lo que se la investiga. Según dijo, su abogado le ha recomendado que solo trate en público este tema en la Fiscalía, donde aclarará los hechos “cuanto antes”.
Además, culpó a los medios de organizar una campaña de acoso en su contra y difundir desde hace meses noticias falsas y tendenciosas en su contra y reiteró que se irá del Gobierno en 2026 con las manos limpias.
Durante la jornada se hizo público que el Poder Judicial admitió a trámite un habeas corpus presentado por parte de la defensa de la presidenta para que se declare nula la diligencia de allanamiento de su vivienda.
Es un hecho sin precedentes que está atacando la institucionalidad democrática de la Presidencia
Por su parte, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, solicitó ayer a la Fiscalía que le tome declaración “de forma inmediata” en vista de “la turbulencia política” que está produciendo la investigación preliminar en su contra por corrupción, relacionada con la adquisición de unos relojes de lujo no declarados.
“Acudo a su despacho a fin de solicitar se tome mi declaración indagatoria de forma inmediata a efectos de esclarecer lo más pronto posible los hechos materia de investigación”, reza el mensaje enviado por Boluarte a la Fiscalía a través de sus abogados.
La presidenta iba a acudir al Ministerio Público a brindar su declaración este viernes 5 de abril, pero tras el allanamiento de su domicilio y del Palacio de Gobierno este sábado por parte de un equipo fiscal, la mandataria pidió su adelanto.
La carta, dirigida al fiscal de la nación, Juan Carlos Villena, solicita que deje sin efecto esta programación inicial del próximo viernes.
Boluarte estaba citada para mostrar sus relojes en el Ministerio Público el pasado martes y para dar su testimonio el pasado miércoles, pero había pedido reprogramar ambas citas debido a su “cargada agenda”, por lo que no acudió a ninguna de estas.
La presidenta afirmó que este allanamiento se había realizado de manera arbitraria, abusiva y desproporcionada, y que ella estaba colaborando con la investigación.
“Nunca ha existido como se viene diciendo, ni rehusamiento ni rebeldía de mi parte frente a la investigación fiscal, muy por el contrario, me he apersonado a esta instancia poniéndome a disposición, por lo que la medida de la madrugada es arbitraria, desproporcional y abusiva”, afirmó la presidenta junto a su gabinete en un pronunciamiento.
Horas después de sus palabras y, en un comunicado publicado en las redes sociales poco antes de la medianoche, el Ministerio Público detalló que el operativo se realizó “por orden del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema” y, por tanto, descartaron que la intervención “haya sido ilegítima, inconstitucional y abusiva”.
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