La polémica ministra española de Igualdad se queda fuera de las listas electorales
Los partidos españoles tienen hasta este lunes 19 de junio de 2023 para inscribir las candidaturas para los comicios generales de julio de julio
Los partidos españoles tienen hasta este lunes 19 de junio de 2023 para registrar las candidaturas de las elecciones generales de julio, a las que concurren una mayoría de ministros del Gobierno de coalición, socialistas principalmente, y quedaría fuera de las listas la polémica titular de Igualdad, la izquierdista Irene Montero, de Podemos.
Ella y Pablo Echenique, otro destacado dirigente de Podemos, han sido vetados en el nuevo proyecto político Sumar, un conglomerado de pequeños partidos de izquierda que encabeza la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Después de semanas de tira y afloja, Podemos decidió finalmente integrarse en Sumar para evitar una división del voto entre las fuerzas minoritarias situadas a la izquierda del Partido Socialista (PSOE), sobre todo a la vista del retroceso sufrido en los recientes comicios regionales y municipales del 28 de mayo.
Más aun cuando prácticamente todos las encuestas aseguran una victoria electoral parcial del conservador Partido Popular (PP) el 23 de julio, que podría gobernar con el apoyo de Vox (extrema derecha). Terminaría así el actual gobierno de coalición de izquierdas entre los socialistas y Unidas Podemos.
En las listas de Sumar sí figura la líder de Podemos, Ione Belarra, que por ahora ha asumido la ausencia de Irene Montero en las listas electorales, aunque considera que es un "error".
Feminista radical, azote de los conservadores y de la extrema derecha, la ministra de Igualdad estuvo esta legislatura varias veces en el centro de la polémica por sus declaraciones y las políticas, las campañas y las leyes impulsadas por su departamento.
El caso más relevante es el de la controvertida ley de libertad sexual, basada en el consentimiento libre y claro de las relaciones para determinar la existencia o no de delito.
Su aplicación, sin embargo, ha posibilitado hasta ahora la reducción de penas de más de un millar de sentencias judiciales revisadas, con más de cien condenados excarcelados, según el criterio del efecto retroactivo cuando la nueva legislación sea favorable al reo, algo avalado por el Tribunal Supremo.
