Polonia no permitirá la educación sexual
La medida se da tras la polémica sentencia que ilegalizó el aborto hace un año El Parlamento debatirá las reformas
El Gobierno de Polonia planea restringir la educación sexual y la defensa pública de las minorías sexuales cuando se cumple un año de una polémica sentencia que ilegalizó de facto el aborto en el país.
El Parlamento polaco tiene previsto con ese propósito comenzar a debatir el 28 y 29 de octubre una reforma promovida por las mismas asociaciones ultra católicas que impulsaron la prohibición del aborto anunciada ayer hace un año y cuyo trámite parlamentario respalda el Gobierno.
El ministro de Educación, Przemyslaw Czarnek, ha prometido “hacer las escuelas más decentes” y no permitir, por ejemplo, menciones a “géneros no biológicos” en los libros de texto.
El ministro respalda incorporar “la visión de la vida y las enseñanzas de (el papa) Juan Pablo II”, así como convencer a las niñas de que “tener una carrera” antes que un hijo “es peligroso y no es aquello para lo que fueron llamadas por Dios”. Czarnek fue protagonista de una polémica declaración cuando llamó “desviados” a quienes asistieron a la Marcha del Orgullo de Varsovia.
Ayer fueron convocadas manifestaciones en todo el país precisamente al cumplirse el aniversario de una decisión que entró en vigor el 27 de enero.
La fundación “pro-life” (pro vida en inglés) y la activista conservadora Kaja Godek proponen la prohibición de reuniones públicas y manifestaciones que defiendan el matrimonio entre personas del mismo sexo o reivindiquen derechos para estas personas, como adoptar niños o que se reconozca su unión legal.
La petición responde a una iniciativa ciudadana que reunió más de cien mil firmas y que pretende impedir que se reivindiquen identidades de género no biológicas o se promueva la actividad sexual de los menores de 18 años. Se trata del mismo mecanismo legal que utilizaron hace más de un año para intentar conseguir la prohibición total del aborto en Polonia.
En aquella ocasión, y ante la oposición de gran parte de la sociedad polaca, el Gobierno decidió que fuese el Tribunal Constitucional (TC) el que, en una polémica interpretación, prohibiese abortar, aun cuando exista una alta probabilidad de deterioro grave e irreversible del feto o de nacer con una enfermedad grave o terminal.
Hasta entonces, el 90 % de los aproximadamente mil abortos legales que se llevaban a cabo cada año en el país se hacían bajo alguno de esos supuestos.
La oleada de protestas, que se extendió durante más de tres meses, generó una movilización civil sin precedentes y terminó por convertirse en una expresión de resistencia contra la política ultra conservadora del Gobierno polaco en la que participaron no solo las mujeres.
Según la organización Abortos sin Fronteras, al menos 34.000 polacas han abortado ilegalmente en su país o han viajado al extranjero para poder hacerlo sin sufrir represalias legales.
La ayuda que pueden recibir las mujeres que desean abortar puede ir desde recibir por correo los medicamentos que se lo permitan hasta asistencia en viajes a países cercanos para ser atendidas en clínicas donde, muchas veces, el personal es polaco. La incertidumbre flota en Polonia con este tema.
