El presidente surcoreano, juzgado por insurrección: "quería impedir una dictadura"
Yoon Suk Yeol comparece en la primera vista de su juicio. Es el primer proceso de un mandatario en ejercicio
El presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, acusado de "insurrección" por haber intentado imponer la ley marcial en diciembre, quería impedir una "dictadura legislativa", sostuvo su defensa en la primera audiencia de su juicio penal el jueves 20 de febrero de 2025.
Este es el primer proceso en un tribunal penal de un presidente en ejercicio en la historia de Corea del Sur.
La audiencia tuvo lugar en una sala abarrotada y con un fuerte dispositivo de seguridad.
Paralelamente a este juicio, se desarrolla también otro procedimiento ante la Corte Constitucional, que debe confirmar o anular la destitución de Yoon votada el 14 de diciembre por el Parlamento. A la espera del veredicto, Yoon sigue siendo oficialmente presidente.
Yoon Suk Yeol, de 64 años, está acusado de "insurrección", un delito castigado con la pena de muerte o la cadena perpetua. Además, el presidente no está cubierto por imnunidad vinculada al cargo.
Detenido el 15 de enero después de haberse atrincherado durante semanas en su residencia de Seúl, Yoon fue acusado el 26 de enero y puesto en prisión preventiva por un periodo de seis meses. Pasado este tiempo, y si aún no ha sido condenado, deberá ser puesto en libertad.
La fiscalía, que lo acusa de ser el "líder de una insurrección", solicitó el jueves que se mantuviera su detención, alegando "la posibilidad de que el acusado pueda influir o persuadir a las personas implicadas en el caso".
Yoon, presente en la audiencia, no tomó la palabra. Su abogado, Kim Hong-il, pidió por su parte al tribunal que anulara el acta de acusación, fruto, según él, de una "investigación ilegal".
UN CAOS POLÍTICO
El presidente conservador sumió a Corea del Sur en un caos político el 3 de diciembre al decretar la ley marcial y enviar al ejército al Parlamento en un intento de amordazarlo.
Pero seis horas después tuvo que dar marcha atrás, luego de que los diputados consiguieran reunirse de urgencia y votar una moción que exigía la restitución del régimen civil.
El presidente justificó su medida por el hecho de que el Parlamento, dominado por la oposición, bloqueaba la adopción del presupuesto del Estado.
"La declaración de la ley marcial no buscaba paralizar el Estado, sino más bien alertar a la opinión pública de la crisis nacional causada por la dictadura legislativa del partido opositor dominante, que había paralizado la administración", defendió el jueves su abogado.
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