Rancho Izaguirre: crimen organizado con sello de impunidad oficial

En lo profundo de Teuchitlán, Jalisco, se descubrió un lugar que hiela la sangre: el rancho Izaguirre, identificado como un centro clandestino de adiestramiento y exterminio vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La noticia, destapada por colectivos de familiares de desaparecidos —los llamados rastreadores—, no solo reveló una fosa de horrores, sino también un entramado de omisiones, complicidades y silencios institucionales que hoy exige respuestas.

Rancho Izaguirre: el infierno donde operaba el CJNG en Jalisco

El rancho, apodado por algunos medios como "la escuelita del terror" o incluso "el Auschwitz mexicano", fue hallado con restos calcinados, ropa, zapatos, estructuras que simulan crematorios improvisados, fosas comunes , todo esto a la vista en un campo desértico y anónimo , sumado a testimonios de reclutamiento forzado. Jóvenes captados a través de redes sociales por medio de publicaciones que les ofrecían una vida mejor —o de lujos en medio de la dura desigualdad de la sociedad mexicana— eran conducidos bajo engaños para entrenarse como sicarios. En fin, mejorar tu vida quitándosela a otros. El que no cumplía era ejecutado, y el que completaba el adoctrinamiento, recibía un pago irrisorio y quedaba marcado de por vida como esclavos de la mafia.

Hasta aquí, los hechos ya estremecen, incluso para el estándar mexicano. Pero más grave aún ha sido la actitud posterior de la Fiscalía General de la República. Aunque reconocieron que el rancho era un centro de entrenamiento del CJNG, afirmaron no haber hallado evidencia concluyente de hornos crematorios, algo así como ir a los Andes y decir que no viste montañas. Esta declaración tibia, evasiva, indolente y perversa, contrastó con lo que los buscadores encontraron: estructuras y restos calcinados en cantidades alarmantes. La sospecha de encubrimiento creció cuando la FGR asumió la investigación, pero sin brindar acceso inmediato a los colectivos ni asegurar adecuadamente la zona.

Detenciones como la de José Gregorio “N”, alias "El Lastra", señalado como instructor de sicarios, no han bastado para disipar las dudas. ¿Por qué una investigación tan delicada no tuvo una reacción proporcional del Estado? ¿Por qué la zona fue abierta a los medios solo después de días, cuando ya había pasado tiempo suficiente para borrar rastros?.

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En este contexto, surge una pregunta incómoda: ¿está el gobierno de Claudia Sheinbaum protegiendo a los cárteles? La presidenta ha sido clara al decir que no habrá una "guerra" contra los narcos. En su discurso hay una apelación a reducir la violencia con inteligencia y atención a las causas sociales, lo cual puede sonar sensato, pero en la práctica se traduce en una actitud cómplice por la inacción ante el avance territorial de los grupos criminales.

Mientras Estados Unidos reconoce avances en temas de migración y fentanilo, en casa las organizaciones criminales siguen ampliando su poder. La paradoja es inquietante: se combate al narco en lo que afecta a Washington, pero se tolera en lo que afecta a los mexicanos. El caso del rancho Izaguirre se convierte así en una prueba de fuego para saber si el nuevo gobierno está dispuesto a enfrentarse de verdad a las mafias o si, bajo la promesa de pacificación, se esconde una peligrosa connivencia.

Las dudas hacia Sheinbaum no son nuevas. Ya durante su gestión como jefa de Gobierno en la Ciudad de México, diversos informes señalaron una reducción significativa en detenciones por narcotráfico. Las que sí se realizaban, se decía, venían con dedicatoria: favoreciendo a ciertos grupos y dejando intactos a otros. Algunos lo interpretaron como una política de bajo perfil frente al crimen organizado, y otros, como pactos bajo la mesa. Hoy, esa misma lógica parece escalar al plano federal, donde se presume una reducción de violencia en ciertas zonas, al precio de convertir otras en infiernos y de promover la criminalidad transnacional en las Américas.

Por eso no debemos olvidar las brutales imágenes de aquel rancho. Lo que ocurrió en Teuchitlán no puede explicarse solo con el horror del crimen organizado. Requiere mirar también a las instituciones, a sus ausencias y a sus cómplices. Y, sobre todo, requiere voluntad política. Porque cuando el Estado duda —porque su ideología o su discurso así lo exigen— los cárteles avanzan. Y en México, como en Ecuador, ya lo sabemos: cada centímetro que gana el crimen organizado es un centímetro más que pierde la democracia.

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