La reelección de Maduro abre una separación diplomática regional

Crisis diplomática. El Gobierno de Venezuela solicitó el 29 de julio la retirada inmediata de los representantes de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, en protesta por sus "acciones y declaraciones injerencistas" respecto a los resultados de las presidenciales del domingo 28 de julio, cuestionadas por la oposición del país y varios países latinoamericanos.

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Según un comunicado de Miraflores, esta medida también incluye a los representantes venezolanos en esos países. Por la misma situación, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que pone en "suspenso" las relaciones diplomáticas y anunció el retiro de su cuerpo diplomático en Venezuela "hasta que no se realice una revisión completa de las actas" de los votos.

Caracas expresó “su más firme rechazo ante las injerencistas acciones y declaraciones de un grupo de Gobiernos de derecha, subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional, que pretenden desconocer los resultados electorales", mediante un comunicado.

Pedido de algunos países a la OEA

El anuncio llega justo después de que estos países, junto con Paraguay y Ecuador, exigieran una "revisión completa" de los resultados electorales y solicitaran una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

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El anuncio del retiro lo dio a conocer el canciller venezolano, Yvan Gil. Se trata de los países latinoamericanos que desconocieron la victoria de Nicolás Maduro. Gil ordenó el retiro del personal diplomático venezolano en esos países y la expulsión de sus representantes en Venezuela.

“Asimismo, el Gobierno de Venezuela se reserva todas las acciones legales y políticas para hacer preservar y defender nuestro derecho inalienable a la autodeterminación. El Gobierno enfrentará todas las acciones que atenten contra el clima de paz y la convivencia que tantos esfuerzos han demandado del pueblo venezolano, por lo que somos contrarios a todos los pronunciamientos injerencistas y de asedio con los que en forma reiterada, se intenta desconocer la voluntad del pueblo venezolano”, agregó.

El silencio de Gustavo Petro

México, Brasil y Colombia no figuran en la lista. En Colombia, los medios locales destacan el notable silencio de Gustavo Petro, un cercano a Maduro. En su último mensaje en X sobre el tema el 26 de julio, Petro afirmó que “Venezuela toma decisiones democráticas. Cualquiera que sea su voluntad será respetada por mi gobierno”.

Por su parte México, en un comunicado, aseguró que “se mantiene atento al conteo final de actas e informes detallados del Consejo Nacional Electoral de ese país para conocer los resultados finales”. “Apegado a sus principios constitucionales de política exterior, con pleno respeto a la soberanía de Venezuela y a la libre determinación de los pueblos, México confía en que la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas sea respetada mediante un proceso de escrutinio transparente”, dice el comunicado de la cancillería mexicana.

OEA convoca a reunión extraordinaria y Perú ordena expulsión

La Organización de los Estados Americanos, OEA, con sede en Washington, convocó a una reunión extraordinaria para discutir los resultados de las elecciones en Venezuela. La sesión del Consejo Permanente se llevará a cabo el 31 de julio, a solicitud de doce países miembros, incluyendo todos los Gobiernos latinoamericanos a los que Nicolás Maduro ordenó hoy retirar su personal diplomático de Caracas.

Hasta el momento, la OEA no ha emitido una declaración sobre las elecciones, mientras la comunidad internacional y la oposición venezolana rechazan los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, CNE, que dieron la victoria a Maduro.

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El Gobierno de Perú fue más allá y expulsó a los diplomáticos venezolanos acreditados en Perú y les dio un plazo máximo de 72 horas para que abandonen el país, "debido a las graves y arbitrarias decisiones tomadas hoy por el régimen venezolano", según informó el canciller Javier González-Olaechea.

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