El Salvador amplía el régimen de excepción
La primera suspensión de los derechos ciudadanos se dio el 27 de marzo pasado. Medida busca aplacar una ola de asesinatos
Con los votos del oficialismo, la Asamblea Legislativa amplió los poderes especiales al Gobierno de Nayib Bukele, que casi tres años después de su llegada al poder emprendió lo que llama una “guerra contra las pandillas”.
El Congreso de El Salvador avaló el domingo la ampliación por un mes más del régimen de excepción motivado por una ola de asesinatos que las autoridades dicen haber controlado y sin atender a los llamamientos internacionales sobre supuestos abusos de la medida.
En las últimas semanas y bajo este régimen, las autoridades dan cuenta de las capturas de más de 16.000 supuestos pandilleros y personas afines. De estos, 14.000 se encuentran recluidos en prisiones y el resto en los calabozos de la Policía, mientras que a unos 6.000 se les ha decretado prisión preventiva.
Las medidas han tenido un exitoso resultado y su suspensión propiciaría un retroceso.
Con esta ampliación quedarán suspendidos hasta finales de mayo los derechos a la asociación y reunión, a la defensa en caso de detención y la detención administrativa pasa de un plazo máximo de 3 días a 15 días. También se suspende la inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones sin orden judicial.
El Gobierno señaló en la solicitud de ampliación que, pese a haber controlado la ola de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días a finales de marzo, era necesario ampliar la suspensión de derechos constitucionales. El Ejecutivo argumentó que la “ola criminal” se mantiene “a pesar de las capturas y la disminución de homicidios”.
El régimen fue ampliado sin que los diputados hayan pedido al Gobierno un informe detallado de los resultados de la medida y sin aplicar medidas para atender las denuncias de abusos.
Celia Medrano, defensora de derechos humanos y excandidata a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señala que esta prórroga “confirma que la militarización de la seguridad pública se ha consolidado y será permanente”.
A inicios de abril, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos mostró su preocupación por las medidas tomadas, incluidas las que afectan a los menores de edad. EE. UU. también pidió rescindir el régimen de excepción “tan pronto como lo permita la situación” de violencia en el país, y urgió a respetar los “derechos humanos” de todos los salvadoreños, incluidos los detenidos.
Hasta antes de la ola de asesinatos de finales de marzo, el Gobierno de Bukele decía que mantenía el control del territorio y le atribuía la caída de los asesinatos, que venían bajando desde 2016, al plan gubernamental Control Territorial.
