El sistema español, uno de los que más protege frente a problemas económicos
Un estudio de la OMS y expertos españoles destaca que los habitantes de este país, tienen menos probabilidades de sufrir problemas financieros por los costes de salud, que la mayoría de países de la UE
El sistema sanitario público permite que los españoles tengan menos probabilidades de sufrir problemas financieros por los costes de salud que la mayoría de países de la Unión Europea (UE), según un informe difundido hoy.
El diseño de las políticas de cobertura del Sistema Nacional de Salud (SNS) es el que permite que apenas una parte de los hogares tenga dificultades financieras al usar los servicios sanitarios, destaca el estudio elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y varios expertos españoles.
El informe, en el que colaboran entre otros el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS), destaca ese aspecto a pesar del deterioro sufrido por la crisis financiera de 2008 y de que España dependa en gran medida de los pagos directos para financiar su sistema sanitario.
"Cuando los gobiernos diseñan cuidadosamente las políticas de cobertura y las hacen inclusivas, las personas tienen mayor capacidad para acceder a los servicios sanitarios y satisfacer sus otras necesidades básicas", señaló en un comunicado Hans Kluge, el director de OMS-Europa, cuya sede está en Copenhague.
Kluge destacó que la limitación del uso de copagos como la reducción en medicamentos para enfermedades crónicas, la exención para grupos desfavorecidos y la introducción de topes mensuales basados en los ingresos "contribuyen en gran medida a proteger a los hogares españoles de las dificultades financieras".
Los expertos señalan que la crisis hizo que las dificultades financieras causadas por los costes de atención sanitaria aumentaran entre 2008 y 2014, y que aunque comenzaron a descender en 2016, aún están por encima de los niveles anteriores a 2008.
La OMS menciona no obstante algunas deficiencias en la cobertura, como la atención dental y óptica, los tiempos de espera y las barreras administrativas que impiden el acceso efectivo de algunas personas en situación vulnerable, además de defender la necesidad de extender los topes de copagos a personas en edad laboral.
