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El expresidente de Perú Pedro Castillo, en una fotografía de archivo.Paolo Aguilar / EFE

El Supremo peruano ratifica 36 meses de prisión preventiva para Castillo

La Corte Suprema de Perú ratificó más tiempo de detención para el exjefe de Estado, quien aún es investigado por corrupción

La Corte Suprema de Perú ratificó el viernes 31 de marzo la decisión de imponer 36 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo mientras es investigado por un caso de corrupción, tras rechazar un recurso de apelación presentado por su defensa.

"(La) Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside César San Martín Castro, ratifica 36 meses de prisión preventiva dictada contra expresidente Pedro Castillo Terrones, investigado por el presunto delito de organización criminal y otros", anunció el alto tribunal en su cuenta de Twitter.

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La decisión es una respuesta a un recurso de apelación presentado por Castillo y que fue evaluado este miércoles 29 de marzo en una audiencia en la que su defensa reiteró que no hay riesgo de fuga puesto que este se encuentra preso, y que argumentos de convicción presentados por la Fiscalía no son jurídicos.

El exmandatario afirmó al intervenir en dicha audiencia que las autoridades judiciales de Perú le mantienen en prisión preventiva mientras es investigado por corrupción "para cumplir una consigna", si bien no aclaró quién ha emitido esa orden.

"La Fiscalía pidió prisión preventiva en mi contra, no porque exista un peligro para el proceso, sino para cumplir una consigna de mantenerme en prisión a como de lugar", aseveró.

A la orden de 36 meses de prisión preventiva se suma otra de 18 meses por la presunta comisión del delito de rebelión durante su intento fallido de autogolpe de Estado del pasado 7 de diciembre.

En el supuesto caso de corrupción, Castillo es investigado por presuntamente encabezar durante su Gobierno una organización criminal dedicada a obtener dinero a cambio de licitaciones fraudulentas de obras públicas.

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Esta investigación del Ministerio Público se oficializó después de que el Congreso aprobara el 17 de febrero el informe final de una denuncia constitucional contra el exmandatario, un paso previo necesario.

El exmandatario ya no posee la inmunidad con la que contaba al tratarse de un caso durante su mandato como presidente.

"Hoy, más que nunca, vuelvo a rechazar enfáticamente que jamás he liderado o sido parte de una red criminal, jamás he sido cómplice de un delito sin autor", sostuvo este jueves 30 de marzo el exjefe de Estado.