Un tribunal ordena a Petro y Hernández programar debate
El cara a cara de los presidenciales debe darse hoy. Los colombianos tienen derecho a conocer sus planes de trabajo.
El Tribunal Superior de Bogotá aceptó una acción de tutela presentada por un grupo de ciudadanos y ordenó a los candidatos presidenciales Rodolfo Hernández y Gustavo Petro que programen de manera conjunta, a más tardar hoy, un debate presidencial.
El fallo ordena que “dentro del término de 48 horas a la notificación de esta providencia soliciten y programen la realización de un debate presidencial (...) atendiendo los principios de igualdad e imparcialidad que rigen la actividad electoral”.
Colombia celebrará el domingo 19 de junio la segunda vuelta de las elecciones presidenciales a la que Petro y Hernández llegan en empate técnico en las encuestas de intención de voto, lo que anticipa una disputa muy reñida en las urnas.
Tras la primera vuelta, Hernández, el candidato independiente populista de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, anunció que no participaría en debates con su rival debido a motivos de seguridad y amenazas contra su vida.
La tutela fue presentada buscando que “se requiera a los candidatos a comparecer, organizar y planificar el o los debates, en un canal nacional televisivo o radial, se cumpla con la función de información acerca de su programa de gobierno”, y que “el Consejo Nacional Electoral exhorte a los candidatos presidenciales para la presentación en los debates”.
La petición agrega que se hace bajo los argumentos del derecho de los ciudadanos a “recibir información veraz e imparcial y a la dignidad humana”, y pide “como mínimo dos debates previos a las elecciones del 19 de junio de 2022 en horario no laboral”.
El tribunal consideró que “la trascendencia nacional que implica la elección del presidente de la República en nuestro Estado, el derecho de acceder a los medios de comunicación de los partidos, movimientos sociales, políticos y grupos significativos de ciudadanos, lleva implícito un deber frente al ciudadano de permitirle conocer a sus candidatos”.
El propio Hernández se pronunció en el trámite de esta acción oponiéndose a la tutela al asegurar que la asistencia a los debates no es una obligación para los candidatos a la Presidencia, sino una facultad potestativa en donde el legislador previó unos mecanismos que garanticen su realización en caso de que los mismos quisieran acceder a ellos.
Además, agregó que su programa de gobierno lo ha explicado por otros medios que considera idóneos, exponiéndolo con un lenguaje claro y de fácil acceso a través de sus redes sociales.
El fallo del tribunal también recoge la negativa de Petro de participar en debates durante la primera vuelta, resaltando que ambos aspirantes se han negado a estos encuentros en alguna ocasión a lo largo del período electoral en el que concurren. Según uno de los abogados que presentó la tutela, Mauricio Urquijo, “el fallo es de ejecución inmediata y los recursos no tienen la posibilidad de suspender la orden”, indicó en sus redes sociales.
La lucha contra la corrupción ha sido uno de los grandes temas de discusión en la campaña de la segunda vuelta presidencial colombiana, aunque ni el izquierdista Gustavo Petro ni el populista Rodolfo Hernández, que la tienen como bandera, concretan la forma de combatirla.
Cifras de la Contraloría General de Colombia muestran que la corrupción le cuesta anualmente al país unos cinco puntos del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, alrededor de 50 billones de pesos (casi 13.000 millones de dólares).
Tanto Petro como Hernández han subrayado que un punto fundamental de sus eventuales presidencias será combatir la corrupción. Más allá de quien gane las elecciones, los colombianos lo que más anhelan es lograr la paz.
