Los municipios asumen más responsabilidades sin los recursos necesarios

La batalla se libra sin recursos. Los 221 municipios del país asumen el peso del control de la pandemiadel coronavirus, sin que el gobierno nacional cumpla con los pagos atrasados ni le entregue más dinero. Es decir, la administración de Lenín Moreno les delegó funciones, pero no les dio las herramientas necesarias para pagar los gastos de controles de uso de suelo, operativos por incumplimientos de normas de bioseguridad y hasta campañas informativas.

Una situación que afecta a los municipios sin importar su tamaño o población. Según datos de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), la deuda total que el gobierno nacional mantiene con los gobiernos locales cantonales asciende a unos 1.126,5 millones de dólares. En ese rubro se incluyen, además de la devolución del IVA y de las asignaciones por el Modelo de Equidad Territorial (los montos más fuertes), los pendientes por competencias de cuidado del patrimonio cultural y arquitectónico, recursos para la sostenibilidad amazónica y fondos especiales para los municipios de Azuay, Cañar y Morona Santiago.

Ese valor, pese a contar con la aprobación de los alcaldes de los 221 cantones del país, no es compartido por el Ministerio de Economía y Finanzas. En la Asamblea Nacional, a inicios de mes, se discutió el tema y el Ejecutivo aseguró que no está de acuerdo con los valores propuestos.

El 20 de agosto, además, el ministerio que dirige Richard Martínez enfatizó que en lo que va del año se han transferido más de 1.030,9 millones de dólares para municipios, prefecturas y juntas parroquiales. En 2020, según el presupuesto general del Estado, las transferencias deben ascender a 3.044 millones de dólares.

Eso, sin tomar en cuenta retrasos que mantenga el gobierno central por incumplimientos de años anteriores.

Independientemente del valor, ¿con las deudas pendientes es posible que los municipios inicien un control más riguroso para evitar nuevos contagios de COVID-19? No. Los cantones deben asumir los gastos mencionados sin un impulso mayor del gobierno nacional. Es más, según la ministra de Gobierno, María Paula Romo, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) será una especie de asesor para los gobiernos locales.

Municipios grandes como el del Distrito Metropolitano de Quito aseguran que sí podrán con el reto porque no se trata de un problema económico del gobierno local. Lo que sucede, dijo el alcalde Jorge Yunda, es que el gobierno nacional no entrega fondos que son de los seccionales. “No estamos pidiendo un préstamo”, afirmó.

Yunda dijo que necesita dinero para comprar más pruebas para la detección del virus y hasta vacunas cuando estén a la venta. Habló de adquirir unas 200.000 vacunas.

El escenario, aunque adverso, no puede eludirse. En la AME saben que con o sin recursos deberán enfrentar la pandemia y por eso desarrollaron algunas herramientas. Desde que se conoció el fin del estado de excepción, se inició la elaboración de ordenanzas modelo que permitan el control de la seguridad, uso de suelo y espacios públicos.

Raúl Delgado Orellana, presidente de la AME, cree que otro camino es redactar una disposición transitoria (con ayuda de la Asamblea Nacional) que permita a los municipios coordinar con la Fuerza Pública operativos de control ante potenciales rebrotes del virus. “Esta transitoria sería hasta que dure la situación de la pandemia”, manifestó a sus socios.

Un rebrote preocupa porque no se ha tocado el tema en los organismos nacionales.