Muñoz sobre el TCE: "Contraloría tiene que tomar cartas en el asunto"

Luego de que los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ángel Torres, Guillermo Ortega e Ivonne Coloma, se autoconvocaron a una sesión extraordinaria el 12 de agosto con el objetivo de remover de la presidencia al juez Fernando Muñoz mediante una resolución, este último señaló que acudirá a trabajar normalmente, ya que, según la ley, tanto su comportamiento como las acciones de los otros jueces carecen de validez.

El TCE es el máximo organismo de justicia electoral y Muñoz recordó este martes 13 de agosto que el artículo 71, numeral 2, del Código de la Democracia establece que es el presidente del organismo quien convoca a las sesiones del pleno en el ámbito jurisdiccional y administrativo, y que además debe manejar el orden del día y de las sesiones.

Expuso que el pasado 8 de agosto recibió una carta de los tres jueces que se autoconvocaron para que como presidente establezca fecha y hora con el fin de desarrollar una sesión para removerlo y calificó como un pedido absurdo porque según la ley, el cargo es de tres años. 

Y que adicionalmente ha convocado a cinco sesiones del pleno para tratar causas y los tres integrantes que emitieron resolución no han asistido "dejando trunco ese proceso".

“Los tres jueces no pueden autoconvocarse, de acuerdo con el reglamento interno, que rige únicamente cuando hay cinco jueces y, en ese caso, sí pueden convocarse, pero tres jueces no pueden hacerlo”, observó Muñoz.

Adelantó que la jueza Ivonne Coloma ha despedido de “forma frenética” a integrantes del personal de la institución, por lo que hizo un llamado a la Contraloría General del Estado para que “tome cartas en el asunto”, ya que, según él, ella no tiene legitimidad para proclamarse presidenta del TCE.

“Si he sido removido, porque pretenden removerme, tendrían que haberme dado el derecho a la defensa, el debido proceso. Cuando se trata de un proceso sancionador, hay que cumplir con todos los pasos; en este caso, emitieron una sanción con remoción, sin argumentar ninguna justificación, y esa resolución tiene un vicio de motivación: no establecen hechos ni justificaciones legales.”

Hizo un llamado a las demás instituciones para que rechacen este comportamiento, pues atenta contra la institucionalidad y afecta la credibilidad del organismo. "A las 10:00 vamos a presentar una acción de protección para que, con una medida cautelar, se suspenda cualquier acción que esté iniciando la pretendida presidenta del TCE, y hemos presentado una denuncia por usurpación de funciones ante la Fiscalía."

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