La necesidad del pueblo, una moneda electoral que explotan organizaciones políticas

En Guayaquil hay obras pendientes por inaugurar, como la Troncal 4 de la Metrovía, ofrecida por Jaime Nebot meses antes de las elecciones del 2014, u otras, como la dotación de agua potable para Monte Sinaí, que parece haberse entrampado en procesos contractuales, estudios y reuniones desde hace ya varios años.

A poco más de seis meses de las elecciones seccionales, las aspiraciones ciudadanas de una mejor urbe a cargo del futuro alcalde o alcaldesa se centran en una movilidad eficiente, con un servicio de transportación pública que ofrezca dignidad y seguridad al pasajero, a peatones y ciclistas; agua potable y alcantarillado de calidad para todos los sectores, la implementación de áreas verdes -de esas con árboles que provean sombra-, calles expeditas para evitar cuantiosos gastos a choferes, o una mejor inversión de recursos, según organizaciones de la sociedad civil.

Sin embargo, entre los ciudadanos hay escepticismo frente a la capacidad y experiencia de los posibles postulantes. Hay unas cinco potenciales candidaturas.

“Nos dejamos llevar por caras, por figuras de televisión, no vemos el perfil y la capacitación. Nos dejamos embaucar de palabrería de muchos candidatos, de muchas promesas incumplidas”, comenta Sabina Herrera, habitante del suburbio de Guayaquil.

La preocupación del electorado no es para menos. El Consejo Nacional Electoral (CNE) proyecta que unos 90 mil candidatos participarán de las seccionales en todo el país.

Luis Gómez, de la Federación de Barrios Suburbanos de Guayaquil, ve con recelo las alternativas de voto porque considera que en las últimas décadas las organizaciones políticas han perdido credibilidad por tener prioridades más de forma que de fondo o alejadas del “deber ser”, atender las reales necesidades del pueblo.

“La política al día de hoy es un gran negocio, un gran comercio, donde hay inversiones de gente que tiene recursos o que busca algún apoyo económico para presentarse en alguna actividad electoral y luego devolver esos recursos económicos con creces (cargos o contratos) y los perjudicados seguimos siendo los ciudadanos que estamos esperando que cumplan”, dice el dirigente, quien lamenta que las comunidades, que se organizan bajo las figuras de comités promejoras o asociaciones barriales, hayan perdido, en ciertos casos, su independencia. Pues desde hace varias décadas, señala, se han convertido en apéndices de la organización política que administra las instituciones, como en el caso de los municipios, a cambio de obras.

La historia y los rostros sonrientes en afiches se repiten en un sinnúmero de cantones, como Durán, que carece de un verdadero servicio de agua potable desde su creación como cantón; Cuenca, donde los peatones han perdido espacios en la vía pública; o Esmeraldas, ciudad con problemas de saneamiento, según los registros de necesidades insatisfechas.

Quito también entra en esa espiral de desatenciones y gestiones poco eficientes o bajo un velo de supuestas irregularidades, en los últimos años, de acuerdo con opiniones ciudadanas y episodios públicos.

Desde hace un par de meses, los capitalinos han empezado a escuchar los nombres de los potenciales candidatos que han intentado posicionarse en la opinión pública. Unos doce personajes se enfilaban hasta la semana pasada.

El elector quiteño teme que esa numerosa participación de candidatos, que se avizora, pueda diluir el debate sobre los temas apremiantes, por la probabilidad de que la discusión se empantane en cuestionamientos y críticas, o en ofrecimientos poco aterrizados para destacar del resto de promesas. Entre los temas de fondo están la movilidad y la seguridad, que son mencionados por quiteños en la encuesta elaborada por la iniciativa Quito Cómo Vamos.

Cristóbal Buendía, del Observatorio Ciudadano de Movilidad de Quito, indica que es una obligación cívica de la sociedad hacer seguimiento de lo que ofrecen los candidatos, si es viable, si está delimitado por tiempo de cumplimiento, etc. “Más allá del tema político-electoral, como organización nos interesa que la ciudadanía acceda y ejerza un voto informado”, enfatiza Buendía.

De acuerdo con el artículo 97 del Código de la Democracia, todos los candidatos presentarán un programa de trabajo. Sin embargo, esa norma deja la supervisión del cumplimiento de las ofertas en manos de los ciudadanos.

“(Son programas de trabajo) de 23 prefectos, 221 alcaldes, 868 concejales urbanos, unos 400 concejales rurales y más o menos 4 mil miembros de juntas, entonces ¿quién puede controlar toda esa cantidad de planes de trabajo? Ni con todo el aparataje. Lo que hace el CNE es revisar la estructura del plan de trabajo. Revisar la profundidad del plan, cuánto de lo ofrecido se cumple, eso es responsabilidad de la ciudadanía, según la Ley de Participación Ciudadana. Y como parte de la fiscalización y el uso de la revocatoria del mandato”, señala Yadira Allán, directora del Instituto de la Democracia.

Este organismo, que funciona como la división académica de capacitación de actores y organizaciones políticas, de la función electoral, publicó un instructivo para guiar a los postulantes en la elaboración de esos programas. También ha capacitado a 5 mil personas.

Mientras unos partidos y movimientos participarán con sus propios cuadros, otros han optado por ir en alianza. Estos acuerdos reducirían el número de candidatos. La Corporación Participación Ciudadana (CPC), que ha realizado varias charlas para incentivar ese tipo de tratos, espera que, al igual que ciertas organizaciones de centro-derecha de Quito, otras tiendas de tendencias de izquierda logren sus propios consensos y así tener una papeleta electoral con pocos candidatos.

“Esta experiencia de trabajar por la unidad de las tendencias ha dejado varias conclusiones. Hay que trabajar hacia una reforma al sistema de partidos. Ha aparecido una gran cantidad de movimientos locales que no tienen el conocimiento ni en la conciencia ciudadana y tampoco participación política activa”, señala Ruth Hidalgo, directora de la CPC.

Esa improvisación en la política influiría en la baja calidad de candidatos y posibles gestiones deficientes en la atención de temas como la seguridad. Marcel Merizalde, académico y experto en esa temática, refiere de ejemplo la ordenanza que se aprobó en Quito para combatir la delincuencia. “Para que no se castigue al ciudadano. Con el afán de controlar el porte de armas blancas se termina castigando a personas que necesitan de un cuchillo para trabajar (vendedores de naranjas, mangos y otros alimentos)”, apunta.

Fránklin Ramírez, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), cree que entre esa marea de candidatos hay opciones que se podrían considerar, por lo que recomienda a la ciudadanía dejar los prejuicios en contra de los políticos y, más bien, profundizar el análisis de cada perfil y su programa de trabajo: “Revisar la oferta electoral de los partidos, ver los antecedentes de los candidatos, leer adecuadamente, contrastar medios, pedir al CNE que se organicen debates entre candidatos para tomar una posición más informada. Participar en el proceso democrático es clave. La prensa debe ayudar, no se trata de diabolizar a los políticos”.

CONTROL DE PRECAMPAÑA SE INICIA EN AGOSTO

Francisca Bustamante. Abogada de profesión, es la actual directora nacional de Fiscalización y Control del Gasto Electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE). A su cargo está la revisión de las cuentas de las organizaciones políticas.

Varios potenciales candidatos se están ya promocionando, ¿eso ya es parte de un control?

Por disposición legal se puede considerar precampaña electoral desde el momento que el pleno del CNE convoca a las elecciones (21 de agosto). La ley señala que el período de control de la propaganda y publicidad electoral inicia con la convocatoria.

Sin embargo, ya hay políticos en evidente precampaña, ¿hay un vacío? ¿Cómo se procesa eso?

No existe un vacío y si bien hay muchos que ya se promocionan desde hace varios meses, a quién se puede imputar gastos o sanciones si no es un candidato inscrito. Podría pasar incluso que no se inscriba, entonces contra quién vamos.

¿Está listo el CNE para vigilar una elección que prevé cuente con miles de candidatos?

Habrá dos momentos: Un sistema de monitoreo de medios tradicionales y digitales, y un sistema de monitoreo de vías públicas para vallas, pancartas y otros promocionales. Para lo primero contratamos una empresa, eso ya está en proceso de contratación por subasta inversa.

¿Y los fiscalizadores que tiene cada delegación provincial qué papel cumplirán?

Cada una tiene su equipo para el monitoreo de las vías públicas. Se contrata personal específico porque hay que recorrer provincias completas para detectar si existen actividades de precampaña.

¿Ese monitoreo incluye detectar posibles casos de violencia política en la campaña electoral?

Se reciben diferentes tipos de alerta. Unas son sobre violencia política de género o que se estén utilizando niñas, niños y adolescentes, aunque eso sí está permitido si existe una autorización notariada de parte de los padres. Cuando hay indicios de este tipo de infracción inmediatamente levantamos el expediente y se pone en consideración del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

¿Esa detección la hace el equipo de monitoreo del CNE o la empresa que resulte contratada?

Eso está a cargo del monitoreo de la empresa. Pero también es importante que la ciudadanía sepa que puede presentar sus denuncias en las 24 delegaciones electorales o en la planta central del Consejo. Es importante que la ciudadanía nos ayude porque por más atentos que estemos, no podemos abarcar todos los lugares del país.

En el tema cuentas de campañas anteriores, ¿sigue el rezago que existía hace algunos meses?

Por un pedido expreso hicimos un reanálisis específicamente por el tema de ‘Arroz Verde’ (el caso Sobornos). Eso se terminó, entregamos el informe y ahora está en el jurídico del CNE. En lo referente a cuentas de campaña, estamos al día dentro de los plazos que determina la ley.