El negocio de los radares que entregó la CTE a dos consorcios

El 4 de mayo de 2023, Ernesto Pólit Icaza, quien ocupaba el cargo de director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), firmó electrónicamente la resolución con la que se autorizó el inicio de un concurso para escoger a las empresas que se harían cargo de unos 147 puntos de control, a través de radares de velocidad.

(Le puede interesar: Guayaquil: El problema de los radares se replica en los parquímetros)

En particular, las compañías que ganaran, bajo la figura concursal de delegación y no a través del Sistema de Contratación Pública, tenían la tarea de reponer, reemplazar, reubicar, dar mantenimiento y gestionar la operación de los radares (cámara fotomulta y panel informativo) en más de 10 de las 24 provincias del país, en la red vial estatal, por doce años.

A cambio, las empresas se harían con el 45% del valor de cada multa emitida por los primeros tres años; y, 35% por los nueve años restantes, un negocio rentable.

En los últimos años, la instalación de ese tipo de dispositivos ha aumentado en la red vial estatal y en las calles y avenidas de cantones como Guayaquil. Ciudadanos se quejan de su uso porque refieren que tienen defectos y califican al sistema como recaudatorio, más que preventivo. En Ambato, por ejemplo, un solo radar generó multas que se calcularon en unos $ 60 millones, entre enero de 2020 y julio de 2021.

En el proceso de contratación por concurso de delegación, la CTE buscaba la gestión de dos grupos de puntos de control, que definió como Distributivo A (territorio) y Distributivo B, que agrupaban sectores de varias provincias. Cada grupo de dispositivos de detección de exceso de velocidad sería administrado por una empresa distinta.

Pese a lo prometedor que podía significar un contrato de ese tipo por el nivel de ingresos económicos, el 24 de mayo de 2023 solo se recibieron dos ofertas de consorcios, una para participar por la administración del Distributivo A y una para hacerse con el Distributivo B, es decir, si cada uno de los consorcios cumplía con los requisitos solo era cuestión de tiempo para que ganaran los contratos, porque no tenían competencia.

El proceso contractual avanzó sin problemas, tal cual como había planificado la dirección de la CTE. Incluso en la etapa de negociación hubo escasa resistencia de su titular, Ernesto Pólit, para buscar mejores condiciones para la institución, por ende para el Estado, si acaso cabría en ese momento, de acuerdo con los documentos.

Los consorcios presentaron a la CTE la misma oferta, en cuanto a porcentajes y tiempos: 45% durante los primeros 36 meses (3 años); y 35% por el resto del plazo contractual (9 años).

En la reunión de negociación, Pólit solicitó al procurador común del compromiso de consorcio Ecutransit reducir el porcentaje de participación, pero este no aceptó “en razón de la magnitud de la inversión total”.

Ante aquello, Pólit puso la condición de que el número de puntos de control contemplados sea mayor, de hasta 240 puntos por distributivo, es decir, que se aumentaron los radares por administrar. Aquello significaría más ingresos. Lo mismo ocurrió en la negociación de las condiciones del otro contrato.

Este Diario intentó contactar a Pólit, pero no contestó el teléfono que sus excolaboradores tenían en sus registros.

Los dos contratos se firmaron el 19 de julio de 2023, con escasa difusión de lo que se hacía y la socialización, como refieren fuentes con las que habló este Diario y que prefirieron hacerlo bajo reserva.

En un informe de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, al que accedió EXPRESO, se citan vicios legales y procedimentales.

Por ejemplo, en uno de los apartados se observa que “no se encuentra una razón técnica o jurídica que avale la decisión de emplear la contratación por delegación dentro del procedimiento (..,). Mucho menos se argumenta la excepcionalidad”.

Otra de las observaciones recae en que “la CTE, de forma previa a iniciar el concurso público, debía informar a la Secretaría de Inversiones Público-Privadas sobre las trabas existentes, mismas que son expuestas en el informe de necesidad y su alcance”. En el documento se cita el artículo 8 del Decreto Ejecutivo 545, de fecha 25 de agosto de 2022, suscrito por el entonces presidente Guillermo Lasso, que señala ese requisito.

En el informe también se subraya otro ítem que contravendría otra norma. En el contrato relacionado con el consorcio Ecuatransit se establece que asumirá la prestación del servicio de representación legal, con el que sustanciará los casos de impugnaciones de las multas, que buscaría salvar los intereses de la entidad privada y de la CTE.

“Como se puede anotar con claridad, la procuración judicial que la CTE pretendería dar al consorcio Ecutransit carecería de validez jurídica y dejaría en indefensión institucional, considerando que el Cogep (Código Orgánico General de Procesos) no determina la posibilidad o excepción para que una persona ajena a la institución pública ejerza el patrocinio legal en cualquier vía”.

En el informe de Fiscalización se enfatiza que siendo ese servicio parte primordial de la justificación para haber suscrito el contrato de delegación, se incurre en un error insubsanable por parte de la CTE. “De la misma forma se establecen los mismos errores y vicios con el contrato suscrito con el consorcio Seviecu”, se cita. Ninguno de los dos consorcios contestaron un pedido de entrevista que envió este Diario.

Suspenden multas captadas

Este martes 4 de junio, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) suspendió el registro de las multas que fueron emitidas por 39 radares instalados en diferentes vías del país. Estos dispositivos son parte de los contratos que firmó la CTE con los consorcios Ecutransit y Seviecu.

La suspensión se registró tras conocerse una alerta de “varias irregularidades” en el concurso y manejo de radares a escala nacional.

Ante esto, el secretario General de Integridad Pública, José Julio Neira, pidió a la Contraloría que se auditen las contrataciones en referencia. También solicitó a la Procuraduría activar el control de legalidad de las contrataciones.

Mientras que a la CTE le pidió que ejecute acciones legales y contractuales.

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ