Los nexos entre los Bucaram y los insumos hospitalarios
La Fiscalía conecta a los procesados por asociación ilícita por medio de sus empresas. Algunos de ellos están vinculados a otros casos de corrupción
Los hermanos Bucaram Pulley han negado en múltiples ocasiones estar vinculados con la venta irregular de insumos médicos a hospitales públicos de Guayaquil. Sin embargo, la Fiscalía conecta sus empresas y relaciones profesionales con Daniel Salcedo, exdirectivos del Teodoro Maldonado Carbo y otros empresarios ligados también a otras supuestas tramas de corrupción hospitalaria.
A todos ellos los agrupa en una investigación por asociación ilícita que arrancó con la detención de Daniel Salcedo en la frontera con Perú y se intensificó tras el hallazgo de pruebas rápidas y mascarillas en la casa del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz.
Según la tesis del Ministerio Público, los investigados “utilizaban influencias” para “incursionar como proveedores de las casas de salud y del IESS” y mantenían reuniones en dos edificios del norte de Guayaquil. El perjuicio de lo cometido por esta supuesta red, según confirmó el Seguro Social en un escrito presentado en la audiencia de formulación de cargos, sería de “varios millones de dólares”.
Daniel Salcedo, quien desde el inicio fue catalogado como pieza clave dentro de estas indagaciones, es accionista, presidente o gerente de 12 empresas, entre las que está Sabupi S.A., de la que Michel Bucaram es gerente.
Bucaram, por su parte, tiene nexos empresariales con Jorge Henriques, exjefe de compras públicas del Teodoro Maldonado y exasambleísta alterno de Gabriela Pazmiño.
Pero la conexión con el Teodoro no termina ahí, pues la Fiscalía también vincula a Michel Bucaram y a Jorge Henriques con Luis Jairala, exdirector del Teodoro Maldonado, quien “tuvo relación directa con los mencionados ciudadanos”.
Precisamente hace unas semanas se difundió un vídeo de la celebración de un cumpleaños de Jairala en el interior del hospital del IESS, en la que estaba Henriques y Daniel Salcedo, pese a que este último no era funcionario de la casa de salud.
La tarde de este jueves, Jairala y Henriques estaban a la espera de ser procesados por peculado por presuntos sobreprecios en convenios de pago firmados para la compra de insumos que nunca se utilizaron durante el paso de ambos por el Teodoro Maldonado Carbo, en 2018. La abogada de Luis Jairala dijo que él no es responsable de esos convenios de pago.
En esa indagación también está José Luis Llerena Candela, excuñado de Jacobo Bucaram.
Jacobo Bucaram, por su parte, es investigado por la compra de miles de insumos médicos a dos israelíes que fueron detenidos en Santa Elena y que luego se descubrió que desde la cárcel mantuvieron conversaciones con él y su padre Abdalá. Uno de ellos fue asesinado.
Dentro de este proceso también se vincula a Federico Zenck, un empresario al que la Intendencia de Policía le incautó insumos médicos en el interior de uno de sus gimnasios. Zenck fue administrador de Insilina S. A. con Karina Cadena, quien también es vinculada por medio de otra compañía al empresario Pablo Mendoza, que registra contratos con el Estado por medio de la empresa Biosalud S. A.
El abogado de Cadena, Juan Ospina, señaló que ella no ha vendido “ni una sola mascarilla” al Estado, “ni en pandemia ni en época regular”, y dijo que su defendida no tiene relación comercial con los hermanos Salcedo o los Bucaram Pulley.
Los nexos entre esta presunta trama y la que investiga la Fiscalía dentro del hospital Abel Gilbert de Guayaquil se darían por medio de la empresa Rockvit S. A., de propiedad de Federico Zenck. La compañía registra transacciones financieras con Javier Andrade, esposo de una de las accionistas de Zoldan Corporeishon, “pieza clave” en los casos de corrupción de hospitales públicos, según ha dicho la ministra María Paula Romo.
Las representantes de Zoldan dijeron en una carta enviada a EXPRESO tras anteriores publicaciones que no se ha evidenciado en el proceso de investigación que ellos son responsables de lo que se los acusa.
Pablo Mendoza, además, habría sido beneficiario de cheques de proveedores que también están procesados por el caso de corrupción en el Abel Gilbert. Este Diario buscó la versión de Mendoza y Zenck, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.
La Fiscalía también basó su teoría en informes de la UAFE y del SRI, que registran inconsistencias entre los valores de ingreso al sistema financiero y los declarados por los involucrados.
Jorge Acosta, abogado de Dalo Bucaram, negó que el político tenga conexiones empresariales con los otros investigados y sostuvo que vive de su profesión. “(La versión de la Fiscalía) No tiene ningún fundamento. Él no ha sido contratista ni ha vendido nada, no tiene ninguna relación de carácter comercial, mercantil, societaria con los otros coprocesados. No sabemos de dónde saca la fiscal que hay una compraventa de insumos médicos”, dijo.
Los hermanos Bucaram están a la espera, según dijo Acosta, de que se les conceda el recurso de caución (pago de garantía para salir de la prisión preventiva) este 14 de septiembre.
