Los nexos ocultos en contratos durante la gestión del exprefecto Jimmy Jairala

Un grupo de al menos cinco empresas vinculadas entre sí, con relación comercial, administrativa y societaria, conformó una estructura oculta que participó en    procesos de contratación de la Prefectura del Guayas y obtuvo contratos entre  2014 y 2015, durante la gestión de Jimmy Jairala. Una exfuncionaria de esa entidad aparece relacionada con esas firmas.

Dos de esas empresas ganaron seis contratos por $ 1,261.306,64 en procesos de cotización (5) y subasta inversa electrónica (1), convocados por el gobierno provincial. Estos fueron para la ‘organización de cabalgatas montubias’ y de la ‘Gran Feria Montubia Guayasense’, para recorridos por el río Guayas para personas de la tercera edad y estudiantes, para la promoción de turismo ecuestre y la provisión de alimentos para caballos del Centro Integral de Equinoterapia (ver gráfico).

Las empresas Kisserza S. A., Neutrofood S. A., Laicaporq Promociones S. A., Lathuile S. A. y Tradeline S.A., todas sociedades activas,    comparten el mismo domicilio y teléfonos, registrados en la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas. Asimismo, los nombres de administradores y accionistas se repiten en sus nóminas.

Los contratos suscritos por Kisserza y Neutrofood forman parte de dos auditorías que la Contraloría realizó a 25 procesos de cotización y 17 de subasta inversa electrónica. Entre sus observaciones, el organismo concluye que funcionarios de la Prefectura aprobaron los documentos presentados y calificaron como idónea a las dos empresas que se adjudicaron los contratos. A la máxima autoridad de la entidad le endosa responsabilidad por haber solicitado que se hagan los pagos.

De esa forma, Kisserza obtuvo tres, que suman $ 666.104, y Neutrofood otros tres, por un total de 596.306,64. En representación de la Prefectura, Jorge Vélez Vélez, delegado por Jairala, firmó cinco de esos compromisos, mientras que Adolfo Luna Cevallos puso su rúbrica en otro.

Para tener una posición de ventaja en cada concurso que concurrían, varias de esas compañías presentaban sus ofertas y una era seleccionada por presentar la oferta más baja. La que resultaba seleccionada presentaba certificados conferidos por las otras compañías del conglomerado, que avalaban haber recibido servicios similares al del objeto de la contratación.

Para certificar la experiencia del personal que iba a participar en el proyecto, presentaban nombres y hojas de vida de personas que, como lo comprobó EXPRESO, en realidad no trabajaron para la empresa ofertante. Un ejemplo de ello se dio en el proceso para contratar el servicio para la planificación educativa a personas de la tercera edad y estudiantes, relacionados con recorridos fluviales por el río Guayas.

Para acreditar la experiencia del personal técnico mínimo requerido, la empresa Kisserza, que se adjudicó el contrato por $ 496.000, presentó los certificados de trabajo de un coordinador de proyecto, un diseñador gráfico y un camarógrafo. Este Diario contactó a Ricardo Gómez Murillo, referido para el trabajo de camarografía, quien negó haber prestado servicios profesionales para la mencionada compañía. “Yo nunca he trabajado para ellos ni tampoco les he entregado mi hoja de vida. Es mentira lo que esa empresa presentó”, manifestó.

También fue consultada Karla Vera Chóez, quien había sido incluida como asistente del proyecto. “No conozco a esa gente. No sé de dónde sacaron mi currículo. Yo ni sabía que existía esa empresa”, expresó.

EXPRESO visitó las dos direcciones que registran las cinco compañías. En Primera 1012 entre Ilanes y Jiguas actualmente funciona un consultorio médico. Luis Urdaneta 1015, entre Quito y Pedro Moncayo, es el domicilio de Alba Champang Zambrano, quien figura como representante legal en Laicaporq, Tradeline y Lathuile, y como accionista en Neutrofood.

La mujer, de 73 años, dice que se dedica a los quehaceres domésticos, que ese es su hogar    hace 10 años y que allí nunca ha funcionado ninguna empresa. Al ser consultada sobre sus cargos en las compañías, dice: “Yo creo que la abogada Olga Aucar me puso ahí. Mi hija era la que trabajaba con ella”.

Rosa Cedeño Champang, su hija, de profesión ingeniera comercial, le dice a este Diario que fue contadora general del conglomerado de compañías que participaba en los concursos de la Prefectura. En los registros de la Superintendencia de Compañías ella también aparece como gerente general de Laicaporq Producciones, en 2015, y de Neutrofood, en 2019.

Cedeño confirma que detrás de esas empresas estaba Olga María Aucar, para quien trabajaba como contadora en la empresa Estudio Jurídico Ejuridic S. A. (de propiedad de Aucar).

“Son algunas empresas, pero solo las cinco están relacionadas con el tema de la Prefectura. “Éramos empleados, hicimos todo y firmamos por orden de nuestra jefa. Realmente no quiero saber nada de esto, porque estoy vinculada en estos problemas enormes como testaferro”, afirma.

“Lamentablemente, yo por esas órdenes hasta puse a mi familia. Mi mamá realmente no terminó ni la escuela, pero yo como era la empleada (de Aucar) buscaba solucionar y poner a personal”, señala.

“Yo tenía que cumplir órdenes y poner gente”, señala, antes de indicar que colocó nombres de varios familiares en la nómina de administradores de ese grupo de compañías.

Cedeño saca a la luz también que Armando Mesías Flores Holguín, quien era el conserje, fue puesto en esos cargos como administrador. Flores fue quien firmó, como gerente general de Kisserza, los tres contratos que esa empresa formalizó con la Prefectura, el 21 de noviembre de 2014, el 24 de abril y el 8 de octubre de 2015.

Olga María Aucar se desempeñó como asesora del prefecto Jairala en 2013, y tuvo cargos en dos empresas públicas de la Prefectura: en Genelguayas, como asesora jurídica, en 2014,    y en Inverguayas, como gerente general, en 2015.

EXPRESO intentó,  sin éxito, tener una entrevista con la exfuncionaria. No fue posible contactarla en su celular ni en la dirección registrada de la empresa Ejuridic. Personal de seguridad del edificio donde funcionaba ese estudio jurídico indicó que la compañía abandonó el sitio hace más de un año.

Cedeño dice también que María de Lourdes Valdivieso, exesposa de Jairala, estuvo relacionada con la firma Kisserza y con Aucar. “Ella nunca estuvo como gerente o accionista, pero estaba en el tema de la realización (organización). Ellas se distanciaron en el 2016”.

Valdivieso no quiso dar una entrevista. “No sé de qué se trata y no tengo información”, mencionó, cuando este Diario le consultó sobre su posible relación con Kisserza.

Al ser requerido por EXPRESO, el exprefecto Jimmy Jairala se abstuvo de comentar sobre el tema abordado en este reportaje y delegó a  sus abogados para que se pronuncien al respecto (ver subnota).

Indicios penales a la Fiscalía

El pasado 27 de agosto, la Contraloría aprobó el informe sobre 25 procesos de contratación de la Prefectura del Guayas, que van desde 2014 hasta 2019, y examinó el manejo de $ 3’ 990. 446,52.

Se auditó las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; la liquidación y pago y el registro, uso y destino de la adquisición de bienes y servicios.

El organismo de control hizo observaciones en las fases precontractual, ejecución, liquidación y pago en esas contrataciones.

Este Diario conoció que de ese voluminoso informe, que tiene 420 páginas, se han desprendido 8 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP).

La Fiscalía abrió una investigación previa, con base en esos informes de la Contraloría, relacionado con uno de los contratos que la Prefectura guayasense suscribió en 2015 con Neutrofood, una de las empresas del grupo.

"RESPONSABILIDAD DE JIMMY JAIRALA NO EXISTE"

Leonardo Toledo y Francisco Fierro, abogados de Jimmy Jairala, deslindan cualquier responsabilidad de su cliente en los procesos    de contratación que se firmaron durante su gestión. También cuestionan el trabajo que la Contraloría efectuó en el examen especial que analizó 25 procesos de contratación mediante la modalidad de cotización, y que abarcó los períodos de su defendido, de Mónica Becerra y de Carlos Luis Morales.

“En la administración de JJ, en 10 años como mínimo se firmaron unos 3.500 contratos. En un universo tan grande, creo yo que a él se le haría difícil identificar el nombre de una determinada compañía y poder determinar quiénes son los representantes, accionistas, gerentes y operadores de una empresa”, argumenta Toledo.

“Que se hable de Neutrofood y las otras compañías, eso es responsabilidad de quienes aparecen en esas empresas. Lo que ellos hayan hecho no es nuestra responsabilidad”, afirma.

Para Toledo, esos contratos necesitaban la venia del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). “Si siendo un ente regulador no ve un problema en una empresa, entonces cómo podemos nosotros presumir la existencia de un problema en la bendita compañía”.

El abogado aclara que aún no han sido notificados por la Contraloría sobre los resultados de la auditoría. “Una vez notificados nosotros tenemos las vías pertinentes para iniciar las acciones que creamos sentirnos asistidos, en la razón y el Derecho”.

Para Fierro, “este informe general es un documento que contiene un punto de vista unilateral por parte de la Contraloría, es decir que esto recoge las observaciones, correctas o incorrectas, que han hecho los auditores de los exámenes”, agrega.

El defensor de Jairala lanza sus dardos contra el organismo de control. “Hoy por hoy, la Contraloría se ha convertido en un ente de persecución, de retaliación, de extorsión y de chantaje, porque utilizan estos informes para perseguir a personas blanco de alto perfil, como Jimmy Jairala, pero en el camino van arrastrando a una serie de personas inocentes que no tiene ningún conocimiento o, pero aún, responsabilidad, en actos reñidos con la ley”, cuestiona.

Según él, Jairala no intervino directamente en los procesos de contratación examinados. “El prefecto provincial como máxima autoridad delega la ejecución, la firma, la fase precontractual y todo lo que tiene relación con estos contratos. Cuando se autoriza, es porque en una cadena de mando vertical se permite a los funcionarios delegar funciones a otros”, alega.