Niños desaparecidos: Jueza acepta habeas corpus y declara desaparición forzada
En su resolución, la jueza subrayó la vulneración de varios derechos fundamentales
La jueza Tanya Loor Zambrano aceptó la acción de habeas corpus presentada en el caso de "Los Cuatro de Guayaquil" y declaró la existencia de desaparición forzada de los menores desaparecidos desde el 8 de diciembre, tras una detención realizada por 16 miembros de las Fuerzas Armadas.
En su resolución, la jueza subrayó la vulneración de varios derechos fundamentales, entre los que se incluyen el derecho a la vida, la integridad personal, el interés superior del niño, a la supervivencia, al desarrollo y al derecho de los niños a pertenecer a grupos de atención prioritaria.
Medidas cautelares a favor de las familias
La jueza adoptó varias medidas cautelares para proteger los derechos de las familias afectadas. Se dispuso que el Estado ecuatoriano, a través del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, así como las Fuerzas Armadas y las unidades especializadas de la Policía, bajo la dirección de la Fiscalía, realicen las investigaciones pertinentes en todo el territorio nacional para dar con el paradero de los menores desaparecidos.
En su resolución, también ordenó la activación de protocolos de búsqueda específicos para garantizar la localización y seguridad de los niños, quienes aún no han sido encontrados. Además, la jueza ordenó la inclusión de las máximas autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados del Guayas en la sentencia, para coordinar futuras medidas de reparación integral.
Instrucciones para el Estado
El fallo también incluyó la orden de que el Ministerio de Salud Pública brinde atención médica y psicológica inmediata tanto a los niños como a sus familias, en el momento en que sean localizados. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos deberán crear una comisión multidisciplinaria y multipersonal, compuesta por cinco expertos en derechos humanos y género, con el objetivo de investigar el caso de manera independiente a la Fiscalía.
La jueza también instruyó a la Defensoría del Pueblo que implemente un proceso de capacitación permanente en derechos humanos, con especial énfasis en la protección de niños y adolescentes en situaciones de emergencia. Finalmente, se ordenó a la Policía Nacional la creación de una línea especial para recibir información sobre el caso y un plan de recompensa para quienes proporcionen datos verídicos que contribuyan a la resolución del caso.
Además, el Ministerio de Educación deberá producir un documental educativo en los próximos 30 días, para informar a la ciudadanía sobre los derechos humanos, con un enfoque especial en la protección de niños y adolescentes en situaciones de estado de excepción y conflicto armado.
Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO
