Noboa deroga mediante Decreto el Código de Ética firmado en diciembre
La medida fue establecida durante la noche de este 23 de febrero y entra en vigencia sin necesidad de estar publicada en el registro oficial
El primer mandatario Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 173 durante a tarde del viernes 23 de febrero de 2024, el documento fue subido al portal de la Presidencia de la República en horas de la noche. El texto que ocupa dos hojas contiene un solo artículo que dice: “deróguese el Decreto Ejecutivo no. 86, de 19 de diciembre de 2023”.
El mandato ya entro en vigencia porque en el escrito se indica que sin “perjuicio de su publicación en el Registro Oficial” debe ser acatado.
- Pero ¿Qué es el código de ética de la Función Ejecutiva?
Es un lineamiento de comportamiento y reglamento que lo emitió durante su primer mes de gobierno que constaba de 21 artículos que prohibía el nepotismo, el uso de bienes del Estado para fines personales, que la cónyuge reciba remuneración o compensación pública a cualquier título, la ejecución de contratos públicos y más prohibiciones que se enmarcan en la búsqueda de una administración transparente y eficiente y de forma honesta, imparcial y de integridad.
Las normas de comportamiento éticas regían para las autoridades de la administración pública central que forman a la Función ejecutiva. La medida incluía a la Presidencia, Vicepresidencia, Ministerios de Estado, Secretarías, Agencias de control, empresas públicas adscritas y en general toda “persona que actúe en virtud de una potestad estatal dentro de la administración pública central de la función ejecutiva.
El Decreto 173 no explica o justifica como en otros documentos similares la justificación del por qué de la medida. Se enfatiza que es una “atribución del Presidente” dirigir la administración pública y que puede expedir los decretos necesarios para su integración, organización regulación y control.
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El Código de Ética emitido por Noboa reemplazó al que había emitido el expresidente Guillermo Lasso, también al inicio de su periodo en el que establecía una obligatoriedad de cumplimiento para que el comportamiento de sus autoridades evite cometer casos de corrupción.
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