Una nueva ley para blindar la Asamblea

Tras más de once años de vigencia, la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), ese mamotreto que aprobó el congresillo de Fernando Cordero y contiene todas las trampas, vacíos e imprecisiones que permitieron al correísmo controlar el primer poder del Estado, está finalmente a punto de ser reformada. Probablemente lo sea esta misma semana. El absurdo procedimiento que impide a los legisladores conocer el texto final de un proyecto de ley antes de votarlo; la arquitectura de filtros y obstáculos que hicieron de la fiscalización una misión imposible y de la comisión respectiva una comisión de archivo; las trampas semánticas que colocaron a medio Poder Ejecutivo por fuera del alcance del control político… Estas y otras triquiñuelas serán por fin corregidas: hay un consenso para superarlas. Pero en lo que respecta a su propia autodepuración, a los mecanismos mínimos para garantizar el comportamiento ético de sus integrantes, la Asamblea no solo pretende mantener las cosas como están: la propuesta que se discute en segundo debate las empeora.

Afuera, en la vida real, la sentencia contra la exvicepresidenta de la República María Alejandra Vicuña, por cobros indebidos de un porcentaje del salario de los integrantes de su equipo de trabajo, desempolva en el debate público los casos similares de varios asambleístas que llevan desde 2018 esperando un desenlace. La oficialista Karina Arteaga, acusada por su asistente de esquilmarle casi el 90 por ciento de su sueldo y, ahora, por Fabricio de Villamar, de haber gestionado cargos públicos para sus parientes, es el caso más visible. También han sido denunciados Washington Paredes, Brenda Flor, Fernando Flores, Tito Puanchir, Raúl Auquilla, Gabriela Rivadeneira (que sigue siendo asambleísta)… Algunos de esos casos duermen en la Fiscalía. Un exasesor que habló hace tiempo con este Diario y pidió mantener su nombre en reserva dijo que venía denunciando la práctica del diezmo desde los tiempos del Corcho Cordero.

Solo una asambleísta (Norma Vallejo, de Alianza PAIS) ha sido destituida por ese motivo. Mejor dicho: todos en el Pleno de la Asamblea sabían que la estaban destituyendo por ese motivo pero, como los cobros indebidos no son causal de destitución, invocaron una razón diferente para justificarlo: gestión de cargos públicos. Así de deficiente es la ley del Corcho Cordero: según ella, bien puede un asambleísta cometer un delito penal y conservar su puesto siempre que ese delito penal en particular no esté contemplado en la restringida lista de causales para la destitución. Que el proyecto de reformas a la LOFL que se tramita en el Pleno incluya el tema de los cobros indebidos en esa lista, no cambia la cuestión de fondo. Puestos a elegir entre legislar para la ocasión y corregir los problemas estructurales de la ley, los asambleístas parecen decantarse por lo primero.

La oficialista Ximena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia y ponente del proyecto de reformas, está orgullosa por el cambio. Ya no habrá que buscar caminos torcidos para sancionar a las Normas Vallejos que aparezcan en el futuro. La mala noticia: no será imposible destituir a los diezmeros sino que será imposible destituir a cualquiera. Si para echar a Norma Vallejo de su cargo bastó con la mayoría absoluta de los votos del Pleno (la mitad más uno del número total de integrantes, es decir 70), la reforma propone que de ahora en adelante se requiera la mayoría calificada, o sea las dos terceras partes de los votos: 91. Conseguir esa cantidad de apoyos será tan complicado y requerirá de tantas negociaciones que la destitución de los asambleístas corruptos se convertirá en una moneda de cambio en el juego político de la Asamblea. Es decir: la destitución de los corruptos será, en sí misma, un procedimiento corrupto.

“Lo que le estamos diciendo al pueblo ecuatoriano es que nos estamos blindando”, protestó la asambleísta independiente Mae Montaño, hasta ahora la única que se ha pronunciado en contra de esta reforma. Ximena Peña tiene su coartada: para destituir a un ministro de Estado se requiere de mayoría calificada y no es posible que un asambleísta, electo por votación popular, sea menos que un ministro. Para Montaño la solución es fácil: “a los ministros hay que bajarlos a la regla de la mayoría absoluta en lugar de elevarnos nosotros a ese nivel de intocables”. En lo que va del segundo debate (y ya han tomado la palabra algo más de veinte asambleístas) nadie ha dicho una palabra para respaldar a la legisladora esmeraldeña.

Peor aún: esa misma mayoría calificada, las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea, se requerirá para levantar la inmunidad parlamentaria de un legislador en caso de solicitarlo la Función Judicial con el fin de llevarlo ante los tribunales. No solo será casi imposible destituir a un legislador corrupto, sino inclusive llevarlo a juicio.

El otro mecanismo de blindaje de los asambleístas tiene que ver con la neutralización de una propuesta que, en algún momento, fue interesante: la de conformar un Comité de Ética. La idea que se discutió en la Comisión de Justicia anterior, presidida por Marcela Aguiñaga, contemplaba dos elementos básicos: ese Comité de cinco miembros debía ser permanente y actuar de oficio. Ambas atribuciones han desaparecido del proyecto de reformas que se discute. Parece que en esta Asamblea la ética no puede ser permanente: se habla ahora de un comité ocasional que se reunirá exclusivamente para tratar denuncias concretas presentadas con el respaldo de un número determinado de firmas. Es decir, nada diferente a lo que ocurre en la actualidad. Ximena Peña incluso ha tenido que pedir la palabra durante el debate para aclarar este punto, con el fin de que nadie se asuste. Hasta el momento, correístas y socialcristianos (aunque no todos) se han pronunciado en favor de la idea original. Al coordinador de estos últimos, Vicente Taiano, le preocupa la posibilidad de que se produzca una caza de brujas. O sea que tampoco.

Tanto se cuidan las espaldas los asambleístas y tanto se aferran a su cargo que hasta la posibilidad de perderlo por abandono les parece excesiva a algunos de ellos. Es el caso de los tres correístas refugiados en México. Ellos, simplemente, decidieron un día que no volverían más. Y no volvieron. Pero siguen siendo asambleístas porque no hay disposición legal alguna que se aplique en estos casos. La propuesta de Ximena Peña es instituir la figura de abandono del cargo. Los correístas, por supuesto, se oponen. Según Marcela Aguiñaga, “no cabe constituir esa figura porque no hay esa posibilidad, no hay abandono del cargo”. Es decir, no lo hay aunque lo hubiera.

Así están las cosas en vísperas del debate definitivo de la nueva Ley Orgánica de la Función Legislativa. Los integrantes de la Asamblea están a punto de convertirse en intocables.

DESTITUCIÓN. Hoy, para destituir a un asambleísta corrupto, bastan los votos de la mitad más uno de los integrantes del Pleno. Se propone subir esa cifra a las dos terceras partes.

ABANDONO. El correísmo se opone a la figura de abandono del cargo. En la actualidad, cualquier legislador puede desaparecer del mapa (irse a México, por ejemplo) y conservar su puesto.

UN COMITÉ INCÓMODO

La idea del Comité de Ética para la vigilancia de la conducta de los asambleístas fue inspirada por un organismo homónimo que funciona como un reloj en el congreso chileno. Convertirlo en una comisión ocasional y privarle de su prerrogativa de actuar de oficio, tal como ahora se propone, reduciría el control a lo mínimo.

Un Comité permanente que actúe de oficio podría, por ejemplo, investigar los casos de conflicto de intereses en el procedimiento legislativo. con el fin de mantener alejados del trámite de determinadas leyes a los asambleístas que pudieran beneficiarse con ellas de forma directa o indirecta. También auditaría los viajes de los legisladores al exterior, que no siempre (o casi nunca) cuentan con los informes respectivos y, por lo general, no aportan mayor cosa a la Función Legislativa, a pesar de lo cual son costeados con fondos públicos.