Nueve masacres en dos años y todavía no hay sentenciados

La Fiscalía General del Estado señaló que hasta el 8 de abril de 2022 había 19 instrucciones fiscales por la muerte de 415 presos en las nueve masacres carcelarias ocurridas entre 2021 y 2022.

En un inicio, se presentaron 85 pedidos de investigación, que luego se acumularon en 59 denuncias; después pasaron a ser 26 y de este grupo, 19 están en instrucción fiscal. Por los delitos de: asesinato (11), daño a bien ajeno (1), delincuencia organizada (1), homicidio (2), robo (1) y violación (2).

Pero de todos estos procesos, la Fiscalía dice que ha formulado cargos en 6 casos: 4 por el delito de evasión y 2 por asesinato. Sin embargo, se reserva detallar si hay reos, funcionarios públicos, policías o militares investigados y así también deja sin especificar quiénes o qué entidades han pedido el inicio de un proceso.

“La Fiscalía se quedó bastante lejos en la investigación. La primera matanza fue hace dos años, entonces ya hay elementos para que usted pueda haber formulado cargos e incluso sentenciado PPL que hayan organizado la masacre, nos quedan debiendo a la ciudadanía”, comentó Juan José Hidalgo, experto penal y en criminología.

Además, señala que existe un silencio para conocer si funcionarios públicos como los guías penitenciarios o de otras entidades, incluyendo a policías, militares o más, han sido sancionados por lo ocurrido en las cárceles; así también, como convictos o familiares de los presos. “No se ha podido determinar la red de la cárcel y su operación de adentro hacia afuera o viceversa. Es decir, tienen que ser más incisivos”.

Por ello, insta a “ponerle el ojo a la Fiscalía” en razón de que no da respuestas y o informa de avances de los procesos frente a los delitos cometidos.

Por su parte, Julio César Cueva, experto penalista, afirma que en el “mundo ideal” ya se habría identificado a quienes cometieron el delito, estarían en marcha los procesos y hasta sentenciados. Pero recuerda que ni siquiera hay cámaras de seguridad y escáneres en las prisiones y eso limita las acciones de investigación e identifica también otros errores cometidos y normalizados.

“Siguen mezclados los autores de los hechos con los testigos; tendrían que mover a la mitad de la Penitenciaría para que no se los mate por hablar. Hay desaparición de la evidencia, se perdió la cadena de custodia, no creo que se vaya a poder resolver a menos que hayan detenido a uno en el momento del delito, de lo contrario no; es muy difícil”, sostiene.

Cueva enfatiza en que se tomen acciones urgentes porque tampoco hay garantías de que no se vuelva a dar otra masacre en los centros de reclusión y eso sumaría más muertes y más dificultad en los procesos de investigación de las anteriores.