Lenín Moreno: su nuevo abogado pide diferir la audiencia
El penalista dice que aún no ha podido revisar el expediente del caso Sinohydro, que tiene 298 cuerpos
El abogado de Lenín Moreno, David Meza, solicitó al conjuez Luis Adrián Rojas, de la Corte Nacional, el diferimiento de la audiencia de formulación de cargos en el Caso Sinohydro.
Caso Sinohydro: la Fiscalía aún no logra determinar responsabilidades políticas
Leer másEste jueves 2 de marzo de 2023 está previsto que la Fiscalía impute por cohecho a 37 personas, entre estas los familiares del exvicepresidente de Rafael Correa, funcionarios chinos de la Embajada, representantes de la constructora Sinohydro y una lista de abogados societarios.
Moreno cambió de defensor la noche del lunes 27 de febrero. “Basamos el pedido de diferimiento en el derecho que le asiste a mi cliente, en el derecho a la defensa y en poder contar con un abogado de su confianza”, dijo Meza.
Contó que el caso tiene 298 cuerpos, alrededor de 30.000 páginas, que el jurista aún no ha podido revisar. “Esta mañana (martes 28 de febrero) pedimos a la Fiscalía el acceso al expediente para poder preparar el caso, justamente debemos revisar qué elementos tiene y con base en ello responder ante el juez”.
Lenin Moreno: Fiscalía deberá demostrar que el expresidente recibió $ 76 millones
Leer másMeza adelantó que peleará ante el juez para que no se dicte prisión preventiva contra Moreno. Su criterio es que el delito de cohecho se puede juzgar en ausencia, por lo tanto no se requiere de la presencia del expresidente para que la causa avance. “Es de conocimiento público que el exvicepresidente tiene una discapacidad de más del 70 %, que su esposa es quien le asiste y que él tiene una labor a favor de las discapacidades encomendada por la Organización de Estados Americanos. Todo eso vamos a poner en conocimiento del juez”.
Para la Fiscalía, una treintena de personas habría participado en la entrega y camuflaje de 76 millones de dólares por la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, un proyecto emblemático del gobierno de Correa. Según la entidad, el delito se habría cometido entre 2009 y 2018.