El nuevo fiscal del Estado lo escogerá Daniel Noboa

Nuevamente el gobierno y el correísmo llegaron a un acuerdo, esta vez en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Ahí, con inusual consenso, se acaba de aprobar el reglamento del concurso para elegir al nuevo fiscal general del Estado. Durante semanas, el pleno de ese organismo parecía dividido en torno a dos propuestas del correísmo: que el examen oral sea eliminado del concurso y que el requisito de la probidad notoria se redujera a un certificado de no tener sentencia condenatoria ejecutoriada. Al final, ese debate resultó ser falso: ambas propuestas fueron retiradas sin problema por sus autores y no representaron obstáculo alguno para el acuerdo. Esto fue así porque, más allá de esos detalles, el gobierno y el correísmo coincidieron en lo fundamental: la necesidad de garantizar el control político del concurso. El reglamento aprobado es perfecto para cumplir ese objetivo.

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Las rarezas del nuevo reglamento

Las trampas del reglamento se encontraban ya en el borrador elaborado por el consejero correísta Augusto Verduga. La primera persona en notarlas fue la abogada experta en derecho público Karen Sichel, quien las denunció en sus redes sociales. La propuesta del correísmo, señaló ella, otorga al pleno del CPCCS una serie de facultades no contempladas en la ley (ilegales, por tanto), mediante las cuales se le atribuye la última palabra en los procesos claves de elección del nuevo fiscal. Según la ley y la Constitución, la ejecución de todos los pasos del concurso descansa no sobre el CPCCS, sino sobre la Comisión Ciudadana de Selección nombrada para tal efecto. Pues bien: en el reglamento propuesto por el correísmo, el pleno del organismo usurpa esas funciones.

Estas ilegalidades quedaron casi intactas en el reglamento que finalmente fue aprobado con el voto de los vocales del gobierno y el correísmo. Karen Sichel conversó con EXPRESO e identificó los mismos problemas de la propuesta original: al pleno del CPCCS se le atribuye la última palabra en la verificación de requisitos e inhabilidades; se le atribuye la última palabra también en la admisibilidad de los postulantes; el pleno se constituye, además, en última y definitiva instancia para conocer las impugnaciones.

Por si fuera poco, se le impone a la Comisión Ciudadana de Selección la obligación de presentar ante el pleno un informe por cada fase del concurso: fase de admisibilidad y reconsideración; fase de méritos y recalificación; fase de escrutinio público e impugnación ciudadana... El pleno, sin tener competencia para ello, conoce estos informes, los aprueba, declara la preclusión de cada una de estas fases y da paso a la siguiente; más aún: el reglamento establece que si los miembros de la Comisión Ciudadana no presentan estos informes, no se les paga, lo cual es un atentado grotesco a la independencia que les garantiza la ley y una manera efectiva de mantenerlos controlados. En definitiva, la elección del nuevo fiscal queda, por lo menos en sus etapas más delicadas, en manos del pleno.

Incluso en otros aspectos del concurso, relacionados con el simple cómputo de los puntajes, el reglamento contiene rarezas que hacen sospechar que fueron redactadas con dedicatoria, para favorecer a ciertos postulantes frente a otros. Por ejemplo, en el mecanismo de valoración de la experiencia profesional. Si la experiencia del postulante proviene de su practica en el sector público, recibirá un punto por cada año de experiencia. Si proviene del libre ejercicio de la profesión, podrá certificar tres documentos por año, cada uno de los cuales recibirá 1,5 puntos. Es decir, un año de experiencia en el sector público vale un punto; en el sector privado puede valer 4,5.

Ya que el pleno del CPCCS tendrá la última palabra en la elección del nuevo fiscal, cabe preguntar: ¿quién lo controla? Desde hace dos semanas, cuando logró virar a Johanna Verdezoto a cambio de la vicepresidencia del organismo y de una garantía de protección frente a las denuncias de corrupción pesetera que la acosan, es el gobierno de Daniel Noboa el que maneja la mayoría. ¿A qué clase de acuerdo pudo haber llegado el gobierno con el correísmo para lograr la aprobación del reglamento por consenso? Fuentes del CPCCS informaron a este Diario que las reuniones con delegados de Carondelet se multiplicaron en las horas previas a la aprobación y durante el inexplicablemente largo receso que se produjo en media sesión. Sobre la mesa se colocaron desde la inmunidad de los vocales correístas ante el Tribunal de lo Contencioso Electoral (donde ya fueron destituidos en primera instancia por recibir el apoyo indebido de un partido político, y esperan ahora el resultado de su apelación), hasta la posibilidad de nombrar un fiscal de mutua conveniencia, en un acuerdo parecido al que llevó a Mario Godoy a la presidencia del Consejo de la Judicatura. En fin, es el nuevo país, que todo lo resuelve.