Con el nuevo mapa político de la Asamblea, Carondelet gana
Análisis| Con dos bloques, lograr mayoría calificada será imposible. Se frenará el golpismo, pero también el control político
Se acabaron las conspiraciones. Por lo menos, los conspiradores ya no la tendrán tan fácil. Con la nueva Asamblea Nacional, tal como queda configurada después de las elecciones del domingo, los dos partidos dominantes tendrán que concertar cualquier decisión importante.
(Te invitamos a leer: El correísmo hace campaña con el invento de una frase)
Hasta la noche del 13 de febrero de 2025 de registraban 66 escaños seguros para ADN y 64 para el correísmo, poco más, poco menos. Los restantes se los dividen Pachakutik, el Partido Social Cristiano y otros movimientos minoritarios.
Significa que la mayoría calificada, es decir las dos terceras partes del Pleno que se necesitan para bloquear iniciativas del Ejecutivo y hasta para destituir al presidente de la República (101 votos en esta nueva legislatura), son inalcanzables a menos que gobierno y oposición se pongan de acuerdo.
Si el correísmo llevaba seis años tratando de tumbar al presidente de turno (se cuentan por lo menos cinco tentativas, a veces con la complicidad socialcristiana, a veces con la de Pachakutik, a veces con ambas), eso se acabó. Quien sea que gane la Presidencia, Luisa González o Daniel Noboa, tendrá en la Asamblea el margen de maniobra más amplio del que haya gozado cualquier gobierno desde el fin del correísmo.
Cantidad de votos para las maniobras legislativas
Eso no significa que el sistema de mayorías móviles, que ha sido el dominante en las últimas legislaturas, haya perdido su vigencia. Cualquiera de las dos bancadas, con el apoyo de un puñado de asambleístas de minoría, podrá alcanzar fácilmente los 77 votos (mayoría absoluta) que se necesitan para designar o cesar autoridades legislativas, aprobar leyes y mociones en general y hasta censurar y destituir autoridades de control.
Pero el presidente de la República cuenta con ventaja en las cuestiones más importantes. Por ejemplo, sus vetos tienen las de ganar. Cierto es que el Pleno podrá aprobar leyes orgánicas u ordinarias con 77 votos, pero para ratificarse en ellas una vez que el presidente las haya objetado, total o parcialmente, necesitará de 101: misión imposible.
Las ventajas para el nuevo presidente
Con esta ventaja, quien ocupe la Presidencia retomará el papel de legislador dirimente que perdieron los últimos inquilinos de Carondelet, extraviados en el juego de la dispersión parlamentaria.
Con este mapa político, algunas funciones parlamentarias se volverán tremendamente difíciles de acometer, empezando por una de las principales: la fiscalización del equipo presidencial. La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que, para censurar a un ministro de Estado, se necesita de una mayoría calificada, es decir las dos terceras partes del Pleno: 101 votos en esta nueva Asamblea de 151 legisladores. Otra vez: misión imposible.
Aunque todos los asambleístas de minoría (Pachakutik, socialcristianos y demás) se sumaran a la bancada principal de oposición, no llegarían a 90. Salvo que insistan en la ya aburrida tarea de censurar a los ministros de Guillermo Lasso (inoficiosa tarea en la que coincidirían todos), la Comisión de Fiscalización tendrá que inventarse qué hacer. Y eso es un cambio cualitativo fundamental con respecto a las últimas legislaturas.
Otra ventaja para Carondelet: el presidente de la República tendrá la última palabra en el diseño del presupuesto general del Estado. Mismo procedimiento: bastará la mitad más uno de los votos para que la Asamblea apruebe cuantos cambios considere oportunos en la proforma antes de mandársela de vuelta al Ejecutivo. Pero si el jefe de Estado decide insistir en su forma original, hará falta una mayoría calificada para ratificarse.
Por último está el asunto de las reformas a la Constitución, de las que tanto se ha venido hablando en los últimos tiempos, incluso como ofertas de campaña. Si bien es cierto que las reformas parciales pueden aprobarse con la mitad más uno de los votos (basta con que no restrinjan derechos), ese es solamente el primer paso de un engorroso proceso que concluye con su aprobación en consulta popular.
Las enmiendas (reformas que no implican cambios en la estructura del Estado) no requieren este último paso, pero en cambio exigen la aprobación de las dos terceras partes de la Asamblea. En resumen: será muy difícil que se reforme la Constitución por vía legislativa si los dos partidos principales no se ponen de acuerdo en el contenido de esos cambios.
En un balance general, el presidencialismo resulta fortalecido del nuevo mapa político en la Asamblea. De un lado, esto tiene la virtud de facilitar la gobernabilidad y poner trabas a la más baja de las pasiones políticas nacionales: el golpismo. Sin embargo, considerando los perfiles autoritarios de los dos finalistas en esta carrera presidencial, el debilitamiento del control político y del sistema de pesos y contrapesos, podría ser una mala noticia.
Lo que sí está claro es que Ecuador se prepara para vivir una etapa en la que el papel de la Asamblea será radicalmente diferente al que ha venido cumpliendo en los últimos años.
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