Nuevo operativo correísta para tomarse la Corte de Justicia

Un nuevo operativo del correísmo para tomarse la Corte Nacional de Justicia (CNJ) está en plena marcha. Esta vez el alfil para el operativo es Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ). Godoy, de la mano de Merck Benavides, vocal del organismo, está armando el relato y dejando todos los argumentos para echarse abajo el concurso para renovar la CNJ, alegando que hay irregularidades.

Como lo explicó en EXPRESO la periodista Sara Ortiz, el pretexto de Godoy para tumbar el concurso es que ha encontrado irregularidades en la fase ya precluida de méritos de tres postulantes para la Sala de lo Contencioso Tributario. Todo esto a partir de la supuesta denuncia de la postulante Mayté Benítez, quien ha sido involucrada en el caso Pantalla, como una de las aspirantes que recibió apoyo del ahora preso Wilman Terán, en el concurso de 2023, según la fiscal del caso. Godoy dice que ha dado un paso en la transparencia y que solo atiende una denuncia que su antecesor, Álvaro Román, no dio trámite. O sea, que escondió para que no pasara.

Pero la documentación que hay en ese organismo demuestra que Mayté Benítez presentó su queja en julio, cuando Román dejaba el cargo y en la que no entró en detalles y manifestó su interés de ser escuchada por el pleno del Consejo de la Judicatura. Cosa que no se dio porque era una concursante.

El concurso estaba siendo observado por misiones de expertos de EE.UU. y la Unión Europea. Pero cuando las vocales del organismo Solanda Goyes y Yolanda Yupangui pidieron que se solicite informes a esas misiones para que los conozca el pleno, Godoy se negó a que aquello sucediera. Quizá por eso, se sabe en los corrillos de la Asamblea, que el correísmo está cocinando un juicio político a Yupangui y Goyes para quitárselas de encima. La denuncia de Mayté Benítez también tiene sus lados oscuros: la denunciante estuvo vinculada al caso Pantalla en el que la Fiscalía sostuvo que 20 abogados aspirantes para ser jueces de la Corte Nacional en el concurso anterior, el que organizaba Wilman Terán, habían recibido puntos adicionales o se habían inscrito fuera del plazo.

Hay que recordar que el anterior concurso se canceló únicamente cuando estalló el caso Metástasis, en el que un exfuncionario de la Judicatura, puesto por Wilman Terán, reveló que este tenía amarrado el concurso para elegir jueces de bolsillo. Terán, se supo ahí, tenía cercanos vínculos con el narcotráfico. Hasta que hubo ese estallido del caso Metástasis, la veeduría internacional de alto nivel que observaba el concurso había ya denunciado las anomalías que había. Ninguno de los partidos miembros del pacto de “gobernabilidad” (el PSC, el correísmo y el gobiernismo) en la Asamblea mostraron el más mínimo interés de parar el concurso y peor enjuiciar a Wilman Terán que a esas alturas era protagonista de escándalos y denuncias. Solo el escándalo de Metástasis hizo que esos partidos: socialcristiano, Revolución Ciudadana y el gobiernista ADN reaccionaran.

ADN-PSC-RC apoyaron a Mario Godoy

Para entender el origen del operativo hay que recordar que Mario Godoy fue electo por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) como presidente de la Judicatura únicamente por el apoyo del gobierno, el Partido Social Cristiano y el correísmo. Godoy logró ser elegido a pesar del coro de voces que se pronunciaron en contra suyo por su participación como abogado de narcotraficantes ecuatorianos presos en EE.UU. y sus más que comprobados nexos con el correísmo. Ahora resulta que Godoy es el líder visible del operativo para que en el concurso se elijan figuras vinculadas con el correísmo cuyo punto más importante de su agenda es la impunidad del expresidente Rafael Correa para que pueda regresar al país.

No contento con que se revise únicamente el caso de Mayté Benítez, Godoy quiere que se haga lo mismo con otros postulantes para así aumentar el número de supuestas irregularidades. Merck Benavides fue propuesto al seno del CPCCS por el consejero Juan Esteban Guarderas, aparentemente vinculado con el gobierno. Antes había postulado para fiscal general de la Nación en el concurso que ganó la actual fiscal, Diana Salazar. Benavides quedó segundo y era el candidato que gozaba el respaldo de Rafael Correa. Cuando Salazar se posesionó, Correa puso un mensaje en X que decía: “el doctor Merck Benavides fue el verdadero ganador del concurso para fiscal del Estado, pero Trujillo le regaló el cargo a Diana Salazar. En fin…”. Ahora, Benavides es el único vocal de la Judicatura que apoya a Godoy en su afán por detener el concurso.

Un concurso con fallas y pero que aprendió del pasado

Varios entendidos en el tema judicial, a los que ha consultado EXPRESO, sostienen que si bien ha habido algunos problemas con el actual concurso, la verdad es que es muy superior al anterior que lo quiso hacer Wilman Terán. Todos hacen énfasis en que hubo una importante asistencia internacional auspiciada por los EE.UU. y la Comunidad Europea y que esas organizaciones no han puesto, al menos hasta ahora, una queja sobre cómo se lo ha llevado adelante. Además que los expertos que colaboran con el concurso son de una calidad inmensamente superior a los del primer concurso.

Todo indica que finalmente Godoy está haciendo las tareas y cumpliendo con lo que los críticos de su nombramiento advertían: hacer todo lo posible para que la próxima Corte Nacional de Justicia tenga jueces de bolsillo para que ahí se revean las sentencias por el caso Sobornos, que tienen a Rafael Correa como prófugo de la justicia, en calidad de refugiado en Bélgica.

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