Corrupción en Ecuador: claves del plan para enfrentar sobornos y redes criminales

Ecuador cuenta con un nuevo plan para combatir la corrupción. Fue elaborado por la Función de Transparencia y señala a las crisis políticas, el narcotráfico y falta de transparencia en la contratación como abono para la corrupción en el país.

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“El país se ha convertido en un corredor clave para el tráfico de drogas, lo que ha permitido que las redes delictivas establezcan conexiones profundas dentro de las instituciones del Estado”, dice el documento.

En ese escenario se identificó a los sobornos, la coerción y la violencia como mecanismos para influir en los funcionarios públicos. Así, según lo detalla el plan, se ha facilitado la corrupción en sectores estratégicos.

El representante de la Comisión Nacional Anticorrupción, Germán Rodas, aclara que no solo se debe entender a la corrupción como el hecho de perder dinero público. Ahora, “corrupción es el hecho de que las bandas criminales tienen atrapados a jueces y miembros del sector público”, aclaró.

A esos factores se suman otros relacionados con la debilidad de las instituciones. Entre ellos, la baja capacidad para sancionar a los corruptos.

Ayer en el evento estuvieron representantes de tres funciones del Estado: Ejecutiva, Electoral y Judicial. Las tres recibieron el plan y el presidente Daniel Noboa aseguró que se pondrá en marcha. Habló, por ejemplo, de la garantía de atención a las denuncias de la ciudadanía sobre casos de corrupción.

Pero también existe otro problema: falta de transparencia en la contratación pública. En Ecuador esa es un área de alta vulnerabilidad para la corrupción. “La asignación de contratos de gran cuantía, la emisión de licencias y la concesión de permisos y autorizaciones se ven afectadas por la discrecionalidad de los funcionarios involucrados en el proceso”.

Los ejes y acciones del plan

El contralor y presidente de la Función de Transparencia, Mauricio Torres, explicó ayer que el nuevo plan tiene tres ejes: integridad pública y privada; transparencia y rendición de cuentas; además de participación ciudadana y fomento de la cultura de integridad.

Cada eje plantea acciones. Por ejemplo, en integridad se propone la creación del Sistema Nacional de Integridad Pública con actores claves del Estado. También incluye la creación de unidades de integridad dentro de cada entidad pública.

A eso se sumará la creación de un laboratorio de identificación y priorización de riesgos de lavado de activos. Su objetivo será la prevención.

En cuanto al eje de transparencia, una de las propuestas es que el Consejo Nacional Electoral, la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador (UAFE) y la misma Contraloría garanticen que los informes financieros de las campañas políticas se presenten de manera periódica.

También está el que se fortalezca la Iniciativa de Transparencia en Infraestructura (CoST) en contratos relacionados con ese sector económico.

Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, menciona que, contrario a lo que pasó con el anterior plan 2019-2023, el actual contó con diferentes actores.

Además, destacó aspectos importantes que antes no se incluyeron. Habló, por ejemplo, de la inclusión de iniciativas internacionales como el CoST.

Pero Alarcón es claro en anticipar que esta es apenas una hoja de ruta. La valía del plan se verá en cómo se traducirá en acciones. Esto después de que en la evaluación del plan anterior se señala que se “lograron algunos avances, pero enfrentó múltiples desafíos que limitaron su éxito”.

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