Las obras de la cárcel de máxima seguridad avanzan bajo reserva

Acercarse a las 16,2 hectáreas seleccionadas en la comuna Juntas del Pacífico, provincia de Santa Elena para construir la nueva cárcel de máxima seguridad del Ecuador está prohibido. El Gobierno Nacional ha declarado el territorio como Zona de Seguridad, y solo el personal autorizado puede ingresar.

El pasado 21 de junio del año en curso se anunció que la obra estará lista en 300 días, pero a vísperas de los primeros 100, que se cumplirán este domingo, no hay mayor información oficial disponible.

“Es un tema reservado, y los centros de privación de libertad son zonas de seguridad... La única vocería sobre los centros de privación de libertad es la del presidente, quien informó que la obra estaría lista en un plazo determinado”, se indicó desde el Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI).

La vía de acceso de 14 kilómetros desde la zona poblada hasta el área donde funcionará el reclusorio fue lo primero que se intervino. Lo que hasta hace pocas semanas era un camino de difícil acceso, ahora luce mejorado. Por esta arteria se transporta, en enormes volquetes, todo el material que se utiliza en la obra.

A gran distancia se pueden observar las labores de movimiento de tierra y la extensa explanada donde estará la edificación. A un costado de la misma se han instalado los campamentos donde convergen los técnicos que dirigen los trabajos.

Para el experto en seguridad penitenciaria Julio Ballesteros, es correcto que se mantenga en reserva cierto tipo de información, pero sugiere que los ciudadanos deben apuntar también a otras áreas como el control de los trabajadores que participan en la construcción.

“La delincuencia organizada es tan fuerte que puede infiltrarse hasta en las conversaciones. Deben mantener bien resguardados a los trabajadores para evitar que se construya una infraestructura a beneficio de los criminales, como caletas para armas y explosivos”, advirtió.

Ballesteros también señaló que la prevención debe estar en el trabajo con otras instituciones vinculadas al sistema de seguridad porque se ha evidenciado corrupción y contaminación por las mafias.

“Cerca de la cárcel no debe haber una zona de expansión urbana. Es necesario un verdadero control de ordenamiento territorial y trabajar con los gobiernos locales para evitar actividades comerciales, casas que puedan facilitar conexiones con bandas, como sucede en Guayaquil”, enfatizó.

En el terreno seleccionado se va a encerrar a 800 reclusos y su infraestructura contará con tecnología de punta, tiene como referencia al Centro Federal de Readaptación Social N.º 13 de Oaxaca, México. La inversión será de $ 52 millones.

Sin embargo, Ballesteros destaca que lo adecuado es iniciar antes con la digitalización de los procesos de cada interno. Porque se ha conocido que hay corrupción en el mecanismo de entrega de boletas de excarcelación desde el sistema de justicia, de personas que deben estar en libertad y que siguen tras las rejas o viceversa.

“Ya no debe ser responsabilidad de un servidor del SNAI emitir un informe para que alguien tenga un beneficio penitenciario. Al ingresar a la prisión, la información debe ser registrada, generando su ficha y que el sistema debería advertir cuándo la persona puede ser trasladada, cambiada de pabellón, salir o sancionar con incremento de pena si lo requiere”.

Los comuneros opinan de la creación de la cárcel 

Aunque en Juntas del Pacífico la actividad comercial ha crecido desde la llegada de decenas de trabajadores que laboran en la construcción de la cárcel, existe preocupación entre los moradores. Temen que las autoridades del Gobierno no cumplan con lo prometido en relación con las obras complementarias vinculadas a la construcción del nuevo reclusorio.

Entre los ofrecimientos estaba que los lugareños serían considerados para la mano de obra en los trabajos de construcción, pero apenas unos cuantos lugareños han conseguido empleo. Además, se desconoce cuándo se construirán la infraestructura física para el funcionamiento de un subcentro de salud, la unidad educativa y una cancha de fútbol con césped sintético.

“Ningún funcionario del Gobierno ha venido a conversar con nosotros sobre las obras complementarias que nos ofrecieron. La comunidad está intranquila por esto. Estamos pensando en viajar a la capital, Santa Elena, para conversar con el nuevo gobernador (Renato Iturralde). La cárcel ya se está construyendo, pero de las obras para la población nadie nos dice nada”, comentó el habitante    Stalin Tomalá.

Al igual que Tomalá, la pobladora María Rivera también está preocupada. “Confiamos en que se cumpla con todo lo prometido. Muchas personas no querían que se construyera la cárcel aquí, en Juntas del Pacífico; accedimos por las mejoras que dijeron que iban a hacer para el pueblo”, señaló Rivera.

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